+ EL PROTOCOLO “ALBA” DEBÍA ESTAR IMPLEMENTADO DESDE 2009
El procurador “miente a las familias de desaparecidos proponiendo mesas de trabajo que no han sido periódicas”, denunció el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, A.C.
Por medio de su vocero, Ricardo Sánchez García, ese asociación civila remarcó también que “además la PGJE prometió espectaculares y carteles para dar mayor difusión a los rostros de desaparecidos durante el mes de diciembre y no se implementaron”.
Sánchez García se refirió también al Protocolo Alba, para denunciar de manera inmediata la desaparición de mujeres adultas, el cual, aseguró, debió estar implementado desde 2009.
Lo anterior, añadió, luego de la resolución del caso conocido como del Campo Algodonero (en Chihuahua), donde “se prevé que la no implementación de diligencias en la búsqueda de niñas y mujeres cuando fueron reportadas por sus madres y familiares constituyen
graves violaciones por parte de las autoridades”.
Comentó además que “el 2 de enero de 2017 el procurador de San Luis Potosí, Federico Garza, señaló que a finales del mes de enero debe estar listo para aplicarse el protocolo Alba, y afirmó que es importantísimo sea enriquecido con los comentarios de
las organizaciones de la sociedad civil que tienen experiencia en el tema de personas desaparecidas”.
Y criticó que Garza Herrera también haya dicho que debido a las vacaciones estas organizaciones han tenido receso en sus actividades por lo que ha sido imposible citarlas.
“El procurador miente”, aseguró el activista. Pues, dijo, “las familias que tienen una persona desaparecida no descansan nunca”.
“Su actividad de búsqueda es continua e ininterrumpida. Y las fechas decembrinas son de mayor dolor y tristeza al tener una silla vacía en la cena familiar”, comentó.
Y apuntó que “de forma más puntual, esta asociación y varias familias tuvimos actividad continúa incluyendo el martes 20 de diciembre, con el semáforo en Rojo por los desaparecidos y el 27 de diciembre hicimos actividades acompañando a la familia de Zoe
Zuleica”.
Remarcó que “sigue habiendo mujeres desaparecidas en nuestro Estado”, y que “por nuestro trabajo y el contacto ellas, sabemos que las familias hoy tienen mayor desconfianza en las autoridades”.
“Los ministerios públicos continúa estigmatizando a las victimas ya que las autoridades se niegan a proteger los derechos de las mujeres bajo el supuesto de que ellas están desaparecidas voluntariamente por razones vinculadas a su sexualidad”.
De esa forma, aseguró, “se deja la carga de la investigación a las familias, quienes normalmente otorgan los principales datos para encontrar a sus hijas y aún así no se quiere actuar”.
Al respecto también expuso que “hay evidencias de que menores de edad desaparecidas en San Luis Potosí podrían estar en Estados Unidos (no me refiero solo a Zoe Zuleica) y la autoridad no elabora estrategias de búsqueda”.
Sobre la omisión para implementar el citado Protocolo Alba, rememoró que “el 10 de noviembre de 2016 en una reunión con presencia de miembros de las Organizaciones de la Spciedad Civil (OSC), académicos, familiares de desaparecidos y autoridades el procurador
presentó un borrador del protocolo y se comprometió enviarlo a más tardar el 18 de noviembre y poder hacer nuestros comentarios al mismo”. No obstante eso “jamás sucedió”.
Dijo que además en esa misma reunión se le hicieron al Procurador “señalamientos de falta de enfoque de género, carencia de lenguaje incluyente y definitivamente pasos concretos a seguir para el caso de una denuncia por desaparición, entre otras anotaciones”.
Para finalizar, señaló: “Confiamos en que el Protocolo este listo y se implemente a la brevedad, pero exigimos la participación de las familias. Sin las familias no, ya que ellas son quienes tiene la experiencia de hasta nueve años de buscar un familiar
y han sufrido las violaciones por parte de autoridades. Además debe convocarse a la sociedad civil y académicos que tenemos experiencia en el tema”.
