+  A LOS IMPUTADOS SE LES PODRÍA INSTAURAR UNA AUDIENCIA “COMBO”

+ EL CURA VICTIMADO HABÍA SIDO EXPULSADO DE LA IGLESIA POR EL PAPA

La Procuraduría General de Justicia (PGJSLP) puso esta tarde a disposición del juez de control a los dos presuntos asesinos del ex sacerdote Jorge Antonio Díaz Pérez, victimado el miércoles 7 de junio en la comunidad El Toro, de Santa María del Río.

Los detenidos, sobre los cuales el Juez de Control deberá dictaminar si fue legal su captura, son el director de Comercio del Ayuntamiento de Santa María del Río, Luis Fernando Gutiérrez Escobedo, y un empleado de este.

No se informó por parte de los voceros de la PGJE por qué esta dependencia esperó hasta el límite de las 48 horas de plazo legal con que cuenta para decidir sobre el destino de los imputados.

Pero ahora, una vez en manos del juez de control, a los acusados se les podría implementar una audiencia “combo”. Es decir, que de una sola vez el juez podría dictaminar tres pasos del proceso: si fue legal o no la detención, la audiencia de imputación de cargos, y la eventual vinculación a proceso.

El último paso, la vinculación a proceso, es lo que podría dejar en la cárcel a los dos presuntos, pues equivale a lo que antes era conocido como “formal prisión”, mientras se dictamina en firme su pretendida responsabilidad.

Pero para decidir sobre ello, el magistrado de la causa dispone de 72 horas, las cuales podrían ampliarse al doble de plazo, en caso de que la defensa así lo solicite. De darse así tales procedimientos, el destino de los dos hombres se estaría sabiendo hasta dentro de seis días.

PADRECITO EXPULSADO POR EL PAPÁ

En mayo pasado, la Arquidiócesis Potosina difundió en su publicación “Seminario” un oficio con el sello del Gobierno Eclesiástico, mediante el cual daba a conocer que Jorge Antonio había sido “dispensado” de su sacerdocio por el Santo Padre.

Y aunque no daban las razones de tal dispensación, si añadían que los feligreses no debían dejarse engañar por el interfecto, aclarando que éste no podía celebrar misas en ningún templo o recinto y “mucho menos en las casas”.

Esa debió ser la razón para que momentos después de que se difundió el crimen la Procuraduría señalara que no estaba comprobado fuera un sacerdote el recién fallecido.

Al momento de su asesinato, Díaz Pérez aparecía todavía en el directorio de sacerdotes de la Arquidiócesis, según pudo comprobar La Roja. Ahí está inscrito como año de su nacimiento el de 1962, y su ordenación sacerdotal en 1988. Sin embargo, en comunicado difundido ayer por la Procuraduría se cita que tenía una edad de 69 años.

EL SUPUESTO HOMICIDA ES EL DUEÑO DE LA CASA QUE OCUPABA LA VÍCTIMA

La casa con el número 20 de la calle Valente Flores, en la señalada comunidad El Toro, de Santa María del Río, era propiedad del director de Comercio Luis Fernando Gutiérrez.

Esa relación hace presumir de cierta amistad entre ellos. Incluso algunos vecinos del hoy occiso señalaron que la casa se la prestaba el funcionario al ex sacerdote “para que la cuidara y no estuviera sola”.

Lo que aún permanece sin esclarecer es el motivo que tuvo la supuesta pareja asesina para acabar con el padre. Enseguida del asesinato se difundió la versión de que el empleado de Santa María aseguró que lo había hecho porque Jorge Antonio era un “pederasta”.

Al respecto, la Procuraduría se encargó de señalar que contra el ahora fallecido no se encuentra ninguna acusación. Además, por sentido común, es difícil creer que Gutiérrez Escobedo haya prestado su casa sin saber de los antecedentes del inquilino.

A últimas horas ha surgido otra versión como posible móvil del crimen. Y esta especie indica que el día de los hechos, los tres hombres —el funcionario, su empleado y el ex cura— anduvieron de farra, y que luego de llegar a la casa donde vivía Jorge Antonio surgió una fuerte discusión, lo que llevaría luego al homicidio del ex párroco. Al parecer por una serie de propuestas sexuales del anfitrión.