+ LAS AUTORIDADES DEBEN TOMAR MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA EVITAR LINCHAMIENTOS
De vecinos de la colonia Julián Carrillo partió una versión, perniciosa: la bebé abandonada en la basura el sábado 18 de febrero fue dejada ahí por una joven del rumbo, quien ya antes se habría desprendido de igual manera de otros hijos suyos, recién nacidos.
Ese chisme, sin mayores elementos probatorios, fue recogido luego con irresponsabilidad por algún medio de comunicación que incluso le puso nombre a la presunta responsable; quien, por supuesto, puede ser identificada (con los daños que eso pudiera acarrear) por colonos de la zona.
Enseguida, tal virus de comunicación, chisme incriminatorio, fue propagado por cientos o miles de cibernautas, que por lo regular no se andan preguntando si es verdad la información, si daña a terceros, si se viola la buena imagen o la presunción de inocencia de alguien. Ellos nada más comparten, y los demás que se frieguen.
Lo que sigue ahora es el juicio mediático, el linchamiento en redes sociales de supuestos culpables.
Lo que podría seguir ahora es la quema del chivo expiatorio.
Algunas diputadas ya han llamado la atención sobre el hecho de que se haya empezado a criminalizar a la hasta hoy desconocida madre de la criatura, sin que a nadie en esta sociedad machista parezca importarle la responsabilidad del padre; pero también antes incluso de que sepamos la verdad de lo ocurrido.
Ante tal rumor de que se tiene identificada a la presunta madre, las autoridades tienen la obligación de tomar algunas medidas precautorias para detener el dañino juicio mediático ya en proceso, pero sobre todo posibles agresiones o linchamientos contra personas, sean estas inocentes o culpables.
Cierto o falso el rumor propagado, es a las autoridades ministeriales a quien corresponde la investigación y deslinde de responsabilidades.
Mientras no se hagan tales indagatorias, resulta criminal andar acusando sin pruebas, y cuando existan éstas, deberán también ser las autoridades las responsables de sancionar de acuerdo a la ley el delito cometido, respetando antes la presunción de inocencia de los posibles acusados; y después el debido proceso para quienes tengan alguna responsabilidad en haber dejado a la bebé en gran riesgo de morir, abandonada en un montón de basura, y dentro de una bolsa.
Entre ésta cautelas está la de informar de manera amplia, pero prudente, sobre el caso, remarcando que no se puede acusar a nadie de antemano.
Los rumores son tratados como tales por los ciudadanos con buen uso del criterio y del sentido común, pero para muchos otras personas indignadas pueden ser razón suficiente para condenar a supuestos responsables de delitos; y desde una supuesta superioridad moral desearles la muerte, amenazarlos, y aunque solo es odio expresado en palabras, no hay que olvidar que las palabras de odio pueden derivar en acciones de odio, en agresiones reales.
Pablo Loredo Oyervidez, titular de la Procuraduría de Niñas, Niños, Adolescentes, la Mujer, la Familia y el Adulto Mayor, PPNA, (que hasta ahora solo ha pepenado lástimas con el mal manejo del caso Greta) tiene la obligación de brindar protección a la bebé abandonada, pero también de evitar otros riesgos colaterales.
