Si la imagen que Venezuela proyectó en mayo de 2016 fue la de un país que, sin obstáculos, avanzó en ruta directa hacia un despeñadero por un acelerado e indetenible deterioro democrático, político y socioeconómico, la secuencia de mayo de 2017 desnudó una cruda realidad venezolana: la otrora pujante pero siempre desigual y rica nación petrolera ya sobrepasó el borde del precipicio e inició un largo recorrido en caída libre aunque sin llegar todavía al fondo del barranco.

La gran duda es dónde y cómo caerá Venezuela al final de la grieta.

Frente a lo que ocurrió hace 12 meses, cuando el conflicto pareció enmarcarse en una lucha institucional con dos bandos con invariables posiciones y sin precipitarse a la desenfrenada violencia política que persiste ahora entre ambos, el declive desembocó en la actual situación, profundamente confusa, con desconcierto total y ante un desenlace nublado.

Por eso es que hay incertidumbre sobre cuánto tiempo más permanecerá abierto el sendero pacífico para lograr una solución. Las fuerzas antagónicas pasaron a otra etapa de la crisis y se instalaron en las barricadas del combate callejero, con el chavismo defendido por militares, policías y paramilitares en uno de los márgenes y con el antichavismo aglutinado en un abanico político multicolor en el otro.

Pero a todo este complicado panorama del primer semestre de 2017 se llegó por el cierre, en el segundo de 2016, de lo que habría sido un trampolín de arreglo sin salto al vacío: un referendo para revocar o confirmar el mandato del presidente Nicolás Maduro, que empezó en 2013 y vencerá en enero de 2019.

De un lado, la oposición cumplió hace un año con la primera fase de su exigencia de convocar al referendo en 2016. Del otro, el chavismo bloqueó la puerta a ese mecanismo—pacífico y electoral—de consulta popular que habría podido sacarle del poder antes de tiempo por un trillo democrático y cívico.

“El peligro es que lleguemos o ya estemos en un punto de no retorno”, alertó el venezolano Luis Cedeño, director ejecutivo de Paz Activa, organización (no estatal) de Caracas que estudia la seguridad pública. “Si la oposición no ofrece una resistencia suficientemente férrea a la clara intención del oficialismo de establecer un corporativismo basado en grupos que le apoyan y en excluir a gran parte de la población, en un proyecto político de una minoría que quiere controlar a una mayoría, estaremos básicamente siguiendo un patrón muy similar a países que, como Cuba o Corea del Norte, tienen grandes déficits democráticos”, pronosticó.

“O salimos por el canal democrático, donde por fin podamos resolver nuestras diferencias por la vía del voto, pero un voto transparente, universal, justo, custodiado y refrendado por la comunidad internacional, o acabamos con nuestro modelo de democracia representativa y vamos hacia el que proponen el presidente Maduro y el oficialismo”, insistió, en una entrevista telefónica con EL UNIVERSAL desde Caracas.

Al sepultar el referendo, el oficialismo clausuró la válvula de escape de la presión política que ahora prolifera, en un conflicto cercado por una aguda escasez de alimentos, medicinas y artículos básicos, una inflación desbocada y un aparato productivo en colapso.

“Lo que más necesita el pueblo venezolano es comida, medicamentos, libertad, seguridad personal y jurídica, y paz”, reclamó la Conferencia Episcopal de Venezuela, en una declaración que emitió el pasado viernes. “Todo ello se conseguiría, si el gobierno actuara apegado a lo previsto en el texto constitucional vigente y con mayor sensibilidad ante tantas carencias”, recalcó.

Al ratificar que Venezuela sufre una oleada terrorista promovida por los “grupos armados” de la oposición ultraderechista y es víctima de una “guerra económica” atizada por Estados Unidos en alianza con otros gobiernos americanos, como México, el oficialismo sacó una nueva baraja de juego. Maduro convocó el pasado 1 de mayo—el 3 lo hizo oficialmente—a una Asamblea Nacional Constituyente, opción que los opositores rechazaron, calificaron como fraudulenta e inconstitucional y atribuyeron al plan para consolidar el modelo chavista pro—cubano.

Conmoción mortal. Abril y mayo de 2017 exponen un sangriento panorama. A diario crece el número de muertes por la violencia política que estremece a Caracas y a zonas urbanas y rurales venezolanas por las cotidianas batallas campales entre las fuerzas antagónicas centrales que, sin aparente salida al conflicto, se enrumban a una mayor radicalización, mientras sube el saldo de heridos y detenidos, aumenta la descomposición interna y se generan la desconfianza y la parálisis nacional.

Pese a que los mortales disturbios engrosaron la colección de sangre en las disputas de épocas previas de chavistas versus antichavistas, Venezuela pareció alejarse en 12 meses de un enfrentamiento que en diciembre de 2015, en unos comicios legislativos ganados por la oposición, pareció priorizar las urnas, la tribuna política, el debate tolerante o el plenario legislativo.

Así, la pugna cambió de escenario y pasó a uno concentrado en el parapeto o la barrera en las calles, en medio de un tupido cruce de balas, gases lacrimógenos y ataque de tanquetas con piedras, palos o bombas caseras.

Por eso es que Cedeño narró un paisaje ahora cotidiano en Venezuela.

En la plática con este periódico en las primeras horas de la tarde del pasado viernes, contó que, a bordo de su automóvil, “acabo de pasar por un sector donde los manifestantes opositores ya están haciendo barricadas. He debido buscar otra ruta. Estamos en el inicio de un caos que el gobierno trata de controlar…con represión y más caos”.

¿Regresión? Los venezolanos están atrapados en una de las mayores crisis de su historia. La zozobra cunde 18 años y 94 días después de que Hugo Chávez—fallecido en 2013—asumió la presidencia por la vía electoral en febrero de 1999 y empezó a instalar una revolución socialista y a desmontar el aparato político, socioeconómico e institucional que rigió a Venezuela desde 1958.

El conflicto sufrió varios estallidos durante el chavismo, como un fallido golpe de Estado en 2002 seguido por huelgas, protestas, boicot electoral y acciones opositoras como las que en febrero de 2014 llevaron a prisión al opositor Leopoldo López, condenado en octubre de 2015 a 13 años y nueve meses de cárcel por instigación pública y otros delitos tras una oleada de violencia que dejó 43 muertos. Amnistía Internacional, institución mundial no estatal de defensa de derechos humanos, ratificó a finales de abril que López es preso político o de conciencia, pero el chavismo le cataloga como terrorista y delincuente.

Así, las cenizas nunca fueron apagadas pese a los comicios parlamentarios de diciembre de 2015 ganados por los antichavistas, que tomaron control legislativo en enero de 2016. La hoguera interna se siguió caldeando paralelo a un candente foco externo, ya que desde el primer semestre del año anterior, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió aplicarle la Carta Democrática Interamericana al gobierno de Venezuela por violar los principios esenciales democráticos e imponerle sanciones políticas y económicas.

Un intento de diálogo chavismo—antichavismo, iniciado a finales de octubre pasado y con mediación del Vaticano y de tres ex presidentes (el español José Luis Rodríguez Zapatero, el panameño Martín Torrijos y el dominicano Leonel Fernández), nunca fructificó.

Pero los detonadores de abril y mayo fueron dos resoluciones dictadas el 28 y el 29 de marzo por el Tribunal Supremo de Justicia—dominado por el chavismo—que dejaron sin funciones a la Asamblea y declaró la invalidez de sus actos y que fueron calificadas por el antichavismo y Almagro como golpe de Estado y por 19 países de la OEA como una violación del orden constitucional.

El 31 de marzo, Maduro obligó al Tribunal a corregir, pero sin evitar el agravamiento de la crisis. El 7 de abril, la Contraloría General de Venezuela—también en el timón chavista—castigó a Henrique Capriles Radonski, una de las principales figuras de la oposición, con una inhabilitación de participación política en actos electorales por 15 años por supuestas irregularidades administrativas como gobernador del estado de Miranda. El 17 de abril Maduro proclamó que planea armar a un millón de civiles de la Milicia Nacional Bolivariana, aparato paramilitar de apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Ante la presión de la OEA, el presidente decidió el 26 de abril iniciar el retiro de ese foro y el 1 de mayo lanzó la constituyente.

Con este menú, el decorado de Venezuela sigue siendo el del barril… sin fondo.