Madrid.- El joven Diego Cruz Alonso, conocido por ser parte de los llamados Porkys de Veracruz, negó las acusaciones en su contra, pidió no ser extraditado a México y ser juzgado en España para demostrar su inocencia.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebró este miércoles la vista para analizar la solicitud de extradición de Cruz Alonso a México, en la que la Fiscalía pidió acceder a la petición, al considerar acreditados los hechos denunciados en su contra.

El joven, de 21 años, fue detenido en esta capital el 10 de junio pasado cuando salía de una residencia universitaria conforme a una orden internacional de detención cursada por las autoridades mexicanas, por presuntos delitos de pederastia por agresión sexual a una menor, en enero de 2015, en compañía de otros tres amigos.

El presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, Alfonso Guevara, tiene un plazo de hasta 20 días para emitir su resolución tras haber escuchado a las partes, y en caso de concederse la defensa de Cruz Alonso podría impugnar la decisión al pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional.

Tras ser resueltas las instancias judiciales, será el Consejo de Ministros del gobierno español el que decida si concede o no la extradición a México.

En la vista, Cruz Alonso leyó un escrito -que acabó de leer en llanto- en el cual aseguró ser inocente, haber sido acusado “de mentiras, de las que no hay pruebas”, sino solo hechos a su favor, por lo que atribuyó todo a una extorsión que ha recibido el seguimiento de los medios de comunicación en México.

Señaló a Javier Fernández, padre de la víctima del caso del que se le acusa, de haber organizado todo “bajo secuestro, extorsión y amenazas de muerte”, con las cuales -asegura- se les obligó a grabar un video de disculpas, y les pidió cuatro millones de pesos.

“Nos obligó. No hubo otra opción, dijo después que nos mataría, había gente afuera de nuestras casas, eran criminales. Fue una elaborada extorsión y los medios de comunicación hicieron eco mediático en medio de unas elecciones”, dijo en su turno.

Enfatizó que se trató de “un escándalo mediático” para distraer a la ciudadanía, que es cuando surge el apodo de “Porkys de Veracruz” o “Porkys de la Costa de Oro”, y con ello tratar de distraer a la ciudadanía ante tanto “secuestro, extorsión y asesinato” en el país.

En su texto leído, aseguró que antes de salir de México (el 29 de marzo pasado) había ya acudido cuatro veces al juzgado a declarar y nadie le informó sobre medidas en su contra que le impidieran salir del país.

“No me fugué, vine Madrid a hacer un curso en finanzas (en la Universidad Europea de Madrid), y no tuve esos meses conocimiento de que se me buscara”, manifestó.

“Pido que se me juzgue con base al derecho y no por mentiras. Sé que España no se dejará influenciar y se me dará la inocencia porque no he cometido delito alguno. Amo a mi familia y eso me da fuerzas”, dijo el joven que en ese momento comenzó a llorar.

Sin embargo, la fiscal Rosa Lledó consideró que en este caso procede conceder la extradición a México, al cumplirse los requisitos exigidos por la legislación española en la material y el Tratado vigente entre ambos países.

En su informe, expuso que se trata de un caso que en México está tipificado como pederastia, y en España como abuso sexual agravado con violencia, y que no se trata de una persecución política.

Tanto la fiscal, como el representante de la Procuraduría General de la República de México coincidieron en que no consta que Cruz Alonso tenga la nacionalidad española, al que el abogado defensor Luis Miguel Gómez rebatió al asegurar que la posee desde 2009.

Mientras la fiscal asegura que Cruz Alonso se inscribió en la universidad madrileña para eludir sus responsabilidades penales en México, el joven dijo que su intención era hacer vida profesional en España debido a que la situación de inseguridad en México “es lamentable”.

“No solo hay que acceder a esta solicitud (de extradición a México) sino que sería inoperante tratar de juzgarlo en España”, expresó el representante de la procuraduría mexicana.

Mientras, el abogado Gómez defendió la nacionalidad española de su cliente, presentó un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la situación de prisiones en el país que muestran la falta de garantías para los presos.

Asimismo, presentó informes de medios de comunicación que refieren el manejo informativo sobre Cruz Alonso, y los otros acusados Enrique Capitaine; Jorge Cotaita y Gerardo Rodríguez.

Al finalizar la vista, el padre del joven detenido, Héctor Cruz, y el abogado Gómez evitaron hacer declaraciones a los medios de comunicación.

Mientras el letrado solo dijo que espera “no se conceda la extradición”, Cruz levantó el dedo pulgar cuando se le preguntó cómo vio a su hijo en la comparecencia.