Existe amplio rechazo a la posibilidad de que Estados Unidos deporte a México a inmigrantes indocumentados de nacionalidad distinta a la mexicana. Predomina la percepción de que el gobierno de Donald Trump pretende realizar una deportación de inmigrantes ilegales sin distinciones y no se cree que vaya a respetar sus derechos humanos, tal y como se observa en la más reciente encuesta telefónica nacional
La mayoría de la población está enterada de que el gobierno de Estados Unidos emitió disposiciones para realizar las deportaciones de migrantes indocumentados (65%). Existe un sólido consenso en rechazar la pretensión de que México reciba a deportados que no sean mexicanos. 74% está muy en desacuerdo y 15% algo en desacuerdo con esa posibilidad (gráfica 1).
Tampoco la opinión pública mexicana aprueba que Estados Unidos deporte a migrantes indocumentados que tengan menos de dos años en ese país (poco o nada aceptable, 78%) (gráfica 2). En cambio, existen opiniones divididas sobre si es aceptable que ese país deporte a personas que pertenezcan a pandillas o a bandas del narcotráfico, que hayan cometido algún delito en esa nación o que se consideren un riesgo para la seguridad pública o nacional estadunidense. Sobre esto último, destaca que para la población mexicana es inadmisible que sean los agentes migratorios quienes determinen si un migrante indocumentado constituye una amenaza a la seguridad (nada aceptable, 53%) (gráfica 3).
Sobre los alcances de la política de deportaciones del gobierno de Donald Trump, la creencia mayoritaria es que busca expulsar a cualquier inmigrante indocumentado (61%). Únicamente 32% piensa que se dirige a deportar a migrantes con ciertas características, especialmente a quienes sean delincuentes o tengan antecedentes penales (gráfica 4).
Ante estas disposiciones migratorias de la administración Trump se apoya ampliamente la postura del canciller mexicano Luis Videgaray, en el sentido de que México sólo aceptará a deportados mexicanos y no a los de otros países. 79% está de acuerdo con esta postura (gráfica 5). Mayor respaldo aun obtiene su advertencia de que nuestro país recurrirá a organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para defender los derechos humanos y las libertades de los migrantes mexicanos (acuerdo, 90%).
Medianamente se conoce que los secretarios de Estado y de Seguridad Interior del gobierno de Trump visitaron México para entrevistarse con funcionarios mexicanos y con el presidente Enrique Peña Nieto. La población se muestra desconfiada en torno de las afirmaciones del secretario de Seguridad Interior, John Kelly, acerca de la legalidad y humanismo con que se conducirán en las deportaciones (gráfica 6). Alrededor de la mitad no cree nada que Estados Unidos va a respetar los derechos humanos de los inmigrantes deportados y que se va a apegar a la ley. Tampoco se cree que no van a haber deportaciones masivas de indocumentados (51%) (gráfica 7).
Entre la opinión pública mexicana prevalece la impresión de que la nueva política migratoria de Estados Unidos tendrá bajo éxito para detener la entrada de indocumentados. Para 51%, sólo va a lograr disminuir poco esa migración y para 24% no va a reducirla nada. Una sólida mayoría cree que los migrantes deportados van a buscar principalmente volver a cruzar ilegalmente a Estados Unidos (63%) (gráfica 8).
