La entidad demandó que el gobierno mexicano garantice la”seguridad de sus operadores de justicia”, señaló en un comunicado especial.
La reacción se produjo casi tres semanas después de que el juez fue asesinado por un desconocido que le disparó a la cabeza cuando hacia ejercicio cerca de su residencia en el municipio de Metepec, en el Estado de México, entidad vecina de la Ciudad de México.
Bermúdez Zacarías se desempeñaba como juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios civiles federales con sede en Toluca, capital del Estado de México, y según reportes de prensa tuvo a su cargo causas relacionadas con personas acusadas y/o condenadas por narcotráfico.
En un comunicado, la CIDH apuntó que “es indispensable que México garantice la seguridad de sus operadores de justicia, porque de lo contrario el ejercicio de la función jurisdiccional puede verse gravemente afectada, frustrando el acceso a la justicia”.
