La defensa de Joaquín El Chapo Guzmán le solicitó a la justicia federal revisar dos amparos que le fue negados el pasado 20 de octubre y con los que el busca evitar su extradición a Estados Unidos.
De ser enviado a Texas, uno de los estados norteamericanos donde es requerido, podría ser ejecutado, dice la defensa en su escrito presentado el martes ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal, el mismo que le negó cinco amparos contra la extradición.
Tres de ellos fueron desechados por estar mal planteados. Los otros dos tienen que ver con peticiones de cortes federales de California y Texas.
La primera, en la causa criminal CR95-0973-B, se le sigue en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, en San Diego, en la que es acusado de tráfico de cocaína.
La segunda causa, EP-12-CR 849FM, está radicada en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas, en San Antonio, donde se le acusa de tráfico de cocaína y mariguana, lavado de dinero, posesión de arma y homicidio.
La defensa de Guzmán, encabezada por el abogado José Refugio Rodríguez, asegura que ambas solicitudes fueron firmadas por personas no autorizadas de la embajada de Estados Unidos en México.
“No basta que la petición de extradición se presente en la vía diplomática, sino quien la suscribe tenga facultades para ello”, que es el caso del embajador o un encargado de negocios ad interim en ausencia, dice la defensa.
Asegura que en el caso de California, la petición fue firmada por Marjorie Ruth Philips, de Asuntos Administrativos de la Embajada, lo que no está previsto de la Convención de Viena sobre Tratados.
En la acusación que la Corte de Texas asegura que la solicitud de extradición la firmó William Huje Duncán como encargado de negocios ad interim, pero sin que documentara el cargo de acuerdo con los requerimientos especificados por una jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Argumenta también que los delitos por los que se le acusa en esos dos estados fueron cometidos por el exjefe del cártel de Sinaloa en México, por lo que debe ser juzgado en el país.
En el amparo 644/2016, relacionado con la petición de la Corte de California, asegura que el delito del que se le acusa, asociación delictuosa para traficar cocaína, fincado en 1996 ya prescribió, “el juez de distrito nos aplicó un artículo vigente en la época que ocurrieron los hechos (1994), solo que ese artículo se fue reformando y a la fecha de la petición de extradición ya no estaba vigente”.
En el amparo 645/2016, dice que a Guzmán “se le puede aplicar pena de muerte” y aunque el gobierno de estados Unidos se ha comprometido a que eso no ocurra, es la Corte Federal la encargada de imponer las penas. En el expediente, nunca se justificó que el embajador esté facultado para pactar ese compromiso, asegura.
“Es muy grave no tener certeza de que si Joaquín es extraditado, ese compromiso no tenga eficacia en USA y le puedan aplicar pena de muerte”, dice el escrito del abogado.
En Texas, Guzmán es acusado de asociación delictuosa para dirigir una empresa dedicada a la delincuencia organizada, asociación delictuosa para traficar cocaína y mariguana, lavado de dinero, posesión de armas de fuego para fomentar delitos contra la salud, homicidio y fomento pertenencia a una empresa criminal continua para fomentar el tráfico de droga.
La defensa del capo pretende que de que sea aceptada la revisión por un Tribunal Colegiado, el caso sea atraído por la SCJN. Su propósito es que el pleno de ministros revise la cadena perpetua como pena inusitada, pues en la Convención Americana de Derechos Humanos establece que la finalidad de la privación de la libertad es la reforma y readaptación social de los condenados.
