Ciudad de México (Agencias)
El Pleno del Senado aprobó en lo general con 77 votos a favor y nueve en contra las reformas a la Ley General de Víctimas. Con estas modificaciones habrá un comisionado ejecutivo nombrado por el presidente Peña Nieto para un periodo de tres años y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas contará con una junta de gobierno, integrada por los secretarios de Gobernación, Hacienda, Educación y Salud; cuatro integrantes de organizaciones civiles y el comisionado ejecutivo.
El documento, podría no satisfacer las necesidades de las víctimas, pues les pide presentar en un plazo de 30 días, comprobantes de gastos, para obtener un reintegro, si realizaron algún desembolso para cubrir necesidades inmediatas, tras un hecho victimizante
Asimismo, las presidentas de las comisiones de Gobernación, la priísta Cristina Díaz; de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña; de Justicia, Fernando Yunes, y de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz, resaltaron que además contará con una asamblea consultiva y se termina con la estructura burocrática “que impidió otorgar la ayuda requerida por las víctimas durante estos tres años que estuvo en funcionamiento”.
La senadora Díaz subrayó que esta ley debió modificarse para dotarla de herramientas que permitan apoyar a las víctimas y atender no sólo a las víctimas de derechos humanos sino también a las del delito y sobre todo el fuero común.
A su vez, De la Peña refirió que los cambios a la ley “contienen diversas reformas, fruto de la demanda colectiva de la lucha de miles de víctimas que recorrieron a lo largo y ancho del país e incluso en Estados Unidos, para visibilizar las violaciones a los derechos humanos y la falta de justicia”.
Apuntó que hay tres cuestiones importantes en el dictamen, uno de ellos es el que las víctimas recibirán ayuda en las comisiones de víctimas de los estados o del fondo de la Comisión Ejecutiva, para poder hacer frente a la alimentación, hospedaje, traslados, atención médica urgente, que es un clamor de las víctimas y que hoy por cuestiones burocráticas no les es proporcionada.
Otro avance, dijo, es que “podrán contratar expertos independientes o peritos internacionales si en México no los hay y se atenderá a víctimas del delito y de derechos humanos.
