Con la comparecencia del Secretario de Finanzas José Luis Ugalde Montes y del Contralor General del Estado José Gabriel Rosillo Iglesias, el Congreso del Estado concluyó las comparecencias de funcionarios públicos con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

La presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas presidió los trabajos, donde el secretario de Finanzas presentó un informe detallado de las condiciones que guardan las finanzas de San Luis Potosí, mientras que el Contralor detalló las acciones y resultados en materia de fiscalización del gobierno.

Al cierre de 2016 los ingresos estatales crecieron en 7.3 por ciento respecto del ejercicio anterior y la recaudación local de impuestos, derechos y productos creció en 16.7 por ciento. No hemos contratado en lo que va de administración ni un centavo de deuda pública estatal.

La variación registrada en el 2016 en la recaudación total, ubica a San Luis como la segunda entidad a nivel nacional con más crecimiento con 5,281 millones de pesos, mientras que los ingresos federales fueron de 40,618 millones de pesos.

En materia de ingresos propios destacan los incrementos: 40.5% en el Impuesto sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados; 18.4% en el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal y 22.1% en la recaudación del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje.

Resultado de las diversas políticas de contención en materia de gasto así como del reforzamiento en las estrategias de eficiencia recaudatoria y gestión de recursos extraordinarios, al cierre del ejercicio fiscal 2016 el Estado logró un balance financiero positivo de 1,148 millones de pesos.

Se redujo el gasto de operación en 115 millones de pesos y el servicio de la deuda bancaria en más de 30 millones de pesos. Se incrementó el gasto de inversión en 341 millones de pesos y los recursos transferidos en casi 5,224 millones de pesos.

Los retos son continuar fortaleciendo la recaudación propia, para compensar la posible reducción en los ingresos federales derivada por el comportamiento volátil del precio del petróleo, la variación peso-dólar y el costo de la reconstrucción por desastres naturales.

Además continuar el equilibrio logrado en la relación ingreso-gasto, con el fin de mantener el superávit primario que permita sanear progresivamente las finanzas del Estado y consolidar la aplicación del Presupuesto basado en resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño en todos los Poderes y niveles de gobierno.

Sobre la deuda pública, dijo que se ha pagado capital pero las tasas de interés están sujetas a lo que rige al Banco Central y se ha logrado una reducción de capital del 6.0 por ciento en relación a la deuda bancaria recibida; “ocupamos la sexta posición entre las entidades con nivel de deuda en relación al PIB; tenemos el PIB en 1.5 por ciento y la media nacional es de 3.0 por ciento. Somos el séptimo lugar con menos nivel de deuda bancaria per cápita que es de 1,480 pesos por persona”.

De acuerdo a las proyecciones, el saldo de la deuda al término de la administración será de 3,600 millones de pesos, es decir, 1,800 millones de pesos menos de lo recibido. Afirmó que el reto para 2018 será fortalecer la recaudación propia ante la reducción de los ingresos federales por los precios volátiles del petróleo y la reconstrucción por los desastres naturales.

Por su parte el contralor general del estado manifestó que ha disminuido la percepción de la corrupción a través de diversas medidas como las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal de todo el gabinete, que han sido publicadas; 3,200 funcionarios han hecho pública su declaración y se han abierto 75 expedientes de responsabilidad para quienes no presentaron su declaración, con 31 sanciones aplicadas y otras en proceso.

Destacó que el gobernador Juan Manuel Carreras fue el primero en presentar su declaración y añadió que San Luis ha fortalecido su tendencia en el buen uso y destino de los recursos provenientes de la Federación, por lo que tiene el segundo lugar en buen desempeño. La Contraloría ha hecho 416 auditorías y en conjunto con la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado se han fiscalizado 68 mil millones de pesos, ya que un mismo programa u obra se revisa por las tres instancias.

Derivado de estas revisiones, se han abierto 279 expedientes con 92 sanciones aplicadas a 83 servidores públicos, se emitieron 14 multas y se inhabilitó a ocho servidores, además se revisaron 2,212 procesos de licitación a través de Compranet para garantizar la legalidad de la contratación de obra pública.

En la ronda de preguntas participaron los diputados Alejandro Segovia Hernández, Jorge Luis Miranda Torres, Jesús Cardona Mireles, Guillermina Morquecho Pazzi, Gerardo Limón Montelongo, José Luis Romero Calzada, Esther Angélica Martínez, Mariano Niño Martínez, Héctor Mendizábal Pérez, Oscar Vera Fábregat, José Belamarez Herrera, Jesús Cardona Mireles y Graciela Gaitán Díaz.

El secretario José Luis Ugalde respondió que las ganancias netas de los invernaderos de Santa Rita fueron por 53 millones de pesos el último año que íntegramente se destinaron al sector agropecuario; sobre las medidas de ahorro expuso que se redujo el 15 por ciento al salario de funcionarios, se congeló la plantilla laboral y gastos varios.

De la deuda del sector educativo, manifestó que “es de 4,537.4 millones de pesos, cuando la recibimos estaba en 5,600, pero logramos con la Secretaría de Hacienda, que estaba a punto de cobrarse mediante embargo de participaciones por 1,847 millones, que condonara 364 y pagamos 1,481 pero nos reintegró 1,111 que es el 75 por ciento de tal suerte que pagamos 370 millones solamente”.

Ugalde Montes expuso que existen tres grandes problemas de deuda, el mas importante es con el sector educativo aunque no el más voluminoso; “con la educación y pensiones tenemos el problema porque no hay de dónde pagarles, ya que del total del presupuesto nos quedan 12 mil millones solamente para operar el gobierno, de los cuales 8 mil millones se van a salarios de policías, maestros, etcétera, 2,400 se van a municipios y nos quedan 1,600 para deuda y resolver problemas”.