-El dirigente estatal Ignacio Segura Morquecho recordó que la obra no se realizó por un amparo de vecinos y la inconformidad del ahora funcionario Marco Antonio Uribe ante la SF.
Los recursos asignados para la obra vial de Fray Diego de la Magdalena no se desviaron ni se han perdido, fueron entregados a la empresa constructora que no pudo ejecutar la obra por un juicio de amparo, por lo que el alcalde Xavier Nava Palacios pretende engañar a los potosinos y al gobierno federal, aseguró el dirigente estatal del PRD, Ignacio Segura Morquecho.
“Las autoridades municipales están obligadas a resolver este caso desde el ámbito legal con la constructora, pero lejos de conducirse con la verdad insisten en actuar en contra del interés público y prolongar una situación que perjudica a los potosinos”, precisó.
Expuso que hay que recordar que además de la oposición de un grupo de vecinos para que se realizara el paso a desnivel, el ahora titular de Obras Públicas, Marco Antonio Ávila Uribe, fue de los principales opositores al inconformarse en la Secretaría de la Función Pública.
Estos son los antecedentes que nos permiten hablar con claridad a la opinión pública las razones legales por las que no se realizó el paso a desnivel en la zona de El Saucito, cuya utilidad era manifiesta para agilizar el tráfico vial, indicó.
Lo que está haciendo el gobierno capitalino es utilizar el tema con fines mediáticos y justificarse por su falta de obras, “cuando debe buscar un acuerdo con la constructora para lograr la devolución de los recursos al gobierno federal, ambas partes están obligadas a sentarse a negociar lo que proceda conforme a derecho, hay dos opciones, que se rescinda el contrato o que la obra se realice finalmente”.
El dirigente estatal del PRD afirmó que la anterior administración actuó con legalidad y prudencia, acató el amparo de los vecinos que impidió la ejecución de la obra, sumado a que la CMIC recurrió a la SFP, con estas acciones fue imposible su realización, lo cual no significa que los recursos se hayan desviado, los tiene la constructora pero en una actitud dolosa las autoridades municipales evitan exigírselos”.
