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sábado 2 de diciembre de 2023 San Luis Potosí, México
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Elementos de la Policía Federal (PF) que esta semana detuvieron a más de 30 unidades del transporte público en varios municipios de la Huasteca Sur, por diversas irregularidades en la prestación del servicio, invalidan concesiones y permisos que otorgara la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal a choferes de varias rutas de transporte de la región.

Humberto Hernández Santiago, representante de la ruta Tamán-Tamazunchale y dirigente antorchista de los transportistas, dijo que la detención de varias camionetas del transporte de los municipios de Tamazunchale y Matlapa es grave y anticonstitucional, porque les invalidan sus concesiones y permisos otorgados por la SCT, “no es justo que la Policía Federal haya detenido nuestras unidades e imponiendo multas por arriba de los 35 mil pesos, son multas exorbitantes, anticonstitucionales; nosotros trabajamos dentro del marco de la ley, cumplimos con todos los requisitos que nos impuso la SCT para poder trabajar, pagamos nuestros derechos de concesión o permisos, y ahora resulta que no son válidos porque transitamos en tramos carreteros”.

Agregó el representante antorchista que el actuar de la PF afecta sus derechos y su fuente de empleo que por muchos años han explotado, “algunos tenemos más de 20 años trabajando y explotando nuestros derroteros circulando por tramos carreteros, incluso la SCT así lo estipula en nuestros permisos que nos entregaron, y ahora la PF nos invalida nuestros permisos, qué vamos hacer, el servicio que damos de transporte público es nuestra única fuente de empleo, algunos incluso, dado que recientemente renovamos nuestra unidad, estamos endeudados con las agencias de automóviles que nos las vendieron”.

Ante estos hechos de la PF, transportistas de los municipios de Tamazunchale, Matlapa, Axtla, Huehuetlán y Xilitla, han conformado un frente de lucha en defensa de los intereses de sus agremiados y tienen preparadas acciones legales y de manifestación pública para exigir a las autoridades federales del transporte que les respeten sus derechos.

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