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+ APRUEBAN EN COMISIONES PERSEGUIR DE OFICIO A LOS “PIRATAS”

+ FALLO DEFINITIVO, EL PRÓXIMO JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE

Presionados por un grupo de ruleteros abusivos y belicosos, los diputados criminalizan ahora el trabajo de taxismo libre, “pirata”, o no registrado.

A propuesta de la diputada de MORENA, Alejandra Valdez Martínez, y respaldada por el PAN, se acaba de aprobar en comisiones que tal “pirataje” en el transporte público se persiga de oficio, es decir, que no se necesitaría querella de la parte ofendida.

Con eso, los legisladores están atribuyendo un carácter criminal al desempeño de un trabajo honrado, al extremo que se podría castigar con cárcel.

Una persona que, sin los debidos documentos, decida ejercer la tarea de prestar un servicio público de transporte terminaría así siendo tratado como un delincuente.

Y hay mucha diferencia en una conducta penalizada por agredir o afectar a terceros, a un trabajo que se desarrolla sin los debidos permisos de una burocracia o gobierno recaudador, impositivo.

O sea, no es lo mismo ser un violador, un asesino, un ladrón, a ser una persona que ejerce un trabajo decente para ganarse la vida, así sea sin contar con las debidas autorizaciones.

Eso debía ser motivo de sanciones y multas, no de persecución del delito por oficio y pena de cárcel, como si se tratara de secuestradores y no de personas que realizan una tarea útil.

Con esa lógica de estos diputados potosinos, que persigan de una vez y criminalicen, por ejemplo, a todo el trabajo informal.

En esa línea de perseguir el delito y castigar la pobreza, que detengan y metan a prisión por oficio a vendedores ambulantes, a los que traen un auto chocolate, a las familias humildes que no pagan el agua.

También a profesionistas o personas que prestan algún servicio ocasional o de free lance sin reportarlo a las autoridades.

Y ya que estaríamos en semejante estado policíaco, de una vez que se persiga de oficio a los apagafuegos, limosneros y trovadores del camión urbano, terribles maleantes que roban al estado por no pagar impuestos.

Esta decisión tomada por las comisiones de Justicia y la de Comunicaciones y Transportes, y anunciada hoy por el diputado del PAN Rolando Hervert Lara, no es acorde a un criterio que proteja en primer lugar el derecho básico y sagrado de ganarse el sustento diario, sino a tratar como maleantes a gente de trabajo que no cumple disposiciones administrativas.

Así, mientras en toda la ciudad actúan con cierta libertad e impunidad múltiples rateros y asaltantes (quienes a pesar de que quedan grabados en cámaras de vigilancia casi nunca son detenidos), tendríamos por otro lado a las policías persiguiendo de “oficio” a quien maneja un taxi “pirata”.

Herverta Lara aseguró que dicho dictamen es para “lograr mayor seguridad” de los usuarios y “que la autoridad tenga mejores herramientas para mantener el control del sector».

Pero eso es falso, la verdad es que están respondiendo a grupos de taxistas que los han ido a increpar y a insultar para que restrinjan y repriman la oferta que hoy los usuarios podrían tener en diversas plataformas digitales.

Mayor oferta que redunda en beneficio de la gente por rebajar el costo y obtener mayores atenciones y mejor servicio.

Este dictamen aberrante será sometido a votación de los 27 diputados el próximo jueves, y vamos a ver si la mayoría de los legisladores se deciden por criminalizar el trabajo y afectar a los usuarios al permitir que una mafia del taxismo imponga sus criterios persecutorios.

Es obvio que el taxismo requiere de vigilancia, de control, y de que quienes desempeñen el oficio lo hagan con las debidas acreditaciones, pero eso se logra con un trato justo y medidas administrativas equitativas, y no dando el rango de criminales a una parte de quienes se dedican al taxismo.

Vergonzoso espectáculo el de estos diputados, doblándose a la primera con las presiones de un taxismo tradicional que sigue prestando, en su mayoría, un pésimo servicio.

Por cierto, la citada diputada que propuso la reforma a la ley, Alejandra Valdez, está denunciada penalmente por extorsión, porque le puso un sueldo exagerado a uno de sus asesores y luego le exigía que le entregara parte de ese dinero.

A esa legisladora, grupos de activistas le están exigiendo que renuncie mientras se le investiga, pero ella se rehúsa y sigue ocupando el puesto de diputada y proponiendo reformas a las leyes para pedir cárcel contra gente que sí desempeña un oficio honrado.

Dicha propuesta que hizo es, en específico, para adicionar el artículo 360 Bis del Código Penal del Estado, a fin de que se considere delito y causa de prisión prestar el servicio de transporte público de pasajeros “sin la concesión, permiso o autorización correspondiente”.

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