se propone que se contemple como delito a quien de forma intencional realice, participe o ayude a la realización de acciones tendientes a esconder o incomunicar personas (retos virales)
fracciones parlamentarias del PVEM, PT y NUEVA ALIANZA impulsan modificaciones al código penal
Las diputadas y los diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo, y Nueva Alianza presentaron una iniciativa de para adicionar el artículo 279 Bis; y derogar del artículo 279 el párrafo tercero del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí, en relación al delito contra Instituciones de Auxilio por uso Indebido de Sistemas de Emergencia.
La propuesta plantea establecer que comete este delito, quien de forma intencional realice, participe, consienta o ayude a la realización de acciones tendientes a esconderse o incomunicarse para aparentar por un tiempo determinado, que esa persona u otra ha sido víctima de un acto de desaparición forzada; y que por tal motivo se inicien los protocolos de búsqueda por la denuncia de su desaparición.
Este delito se castigará con una pena de prisión de seis meses a tres años de prisión, y sanción pecuniaria de sesenta a trescientos días del valor de la unidad de medida y actualización vigente en el momento de la comisión del delito; en los casos de reincidencia se impondrá hasta el doble de las penas mencionadas.
En la exposición de motivos, se indica que en la actualidad el uso de las redes sociales ha traído consigo una serie de cambios en las conductas sociales, los conocido como retos virales, lo cuales en muchas ocasiones proponen actividades que ponen en riesgo la integridad de las personas que participan en ellos o de las personas que los rodean.
Por otro lado, muchas veces los jóvenes por desconocimiento o rebeldía, no solo se ponen en riesgo con sus acciones, sino que también pueden realizar actos constitutivos de delitos por desconocimiento a la norma, y cuando estas acciones no son reales, ponen en marcha la actuación de las instituciones, encargadas de la proveer seguridad, protección, salvaguarda a la población, así como de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
Se indica que ante estas situaciones, se gastan recursos económicos, materiales y humanos que podrían ser canalizados a situaciones que en realidad lo requieran, por lo cual, con esta iniciativa se busca inhibir estas acciones y buscar que los recursos de las instituciones citadas con antelación, se utilicen de una manera más eficiente.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Justicia.
