Para asegurar la atención a niñas y mujeres indígenas que son víctimas de violencia, la diputada Rebeca Terán Guevara presentó una iniciativa de reforma al artículo 4° de la Ley para el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas; y al artículo 14 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado.

Por esta reforma, se busca incluir, dentro del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres al propio Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y así dar seguimiento a las acciones relacionadas con la prevención de violencia y discriminación que puedan ser cometidas contra mujeres y niñas indígenas.

Con esta modificación, se busca homologar la legislación federal con la estatal, ya que actualmente a nivel federal la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dentro de la conformación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se toma en consideración a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

“Sin embargo, en la entidad esto no se replica, no obstante que en la exposición de motivos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, se reconoce a las mujeres indígenas como uno de los grupos más susceptibles a ser víctimas de violencia”, indica.

Agrega que estas acciones serán importantes para conformar una atención de las acciones de prevención de la violencia y la discriminación en contra de las mujeres, especialmente las que forman parte de las comunidades indígenas.

En la iniciativa se establece que el Sistema Estatal se conformará por el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y las personas que representen las organizaciones civiles estatales relacionadas con la materia, que se integrarán al mismo por invitación del propio Sistema.

En ningún caso, las organizaciones invitadas podrán rebasar la mitad del número de dependencias, entidades e instituciones públicas integrantes del Sistema.

La iniciativa se encuentra en análisis al interior de las comisiones de Derechos Humanos, Igualdad y Género; y, Asuntos Indígenas.