Si cada diputado se asigna un sueldo de 104 mil 500 pesos mensuales, ¿qué les iba a detener para contratar 127 empleados con sueldos de hasta 56 mil 650 pesos?

Esa última cantidad es la que percibirá, por ejemplo, Ana Lucero Dávila Esparza, sin que los diputados se hayan tomado la molestia hasta hoy de explicar qué funciones desempeñará.

En el acta número 50 de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), que es un órgano interno del Congreso integrado por un diputado de cada partido, solo se apunta que tal persona estará adscrita a la misma JUCOPO.

Cuando se ha dado a conocer la existencia de “aviadores” en ese Poder Legislativo, lo menos que podrían hacer es informar qué funciones desempeñará cada empleado, y justificar el sueldo asignado.

Sobre todo, cuando los legisladores tienen ya nula credibilidad, con ejemplos como el de Edson Quintanar, quien declaró: “No tenemos ni idea de volver a meter aviadores”. Lapsus brutus, cinismo involuntario.

En la lista publicada en la comentada acta de la Junta de Coordinación aparece también un sueldo de 52 mil pesos para un “Secretario Técnico Directiva”, sin que haya nombre de quién va a recibir esa cantidad.

Otra privilegiada es Marissa Moctezuma Rubio, quien percibirá 50 mil pesos, y solo aparece que estará en la Comisión del Agua.

Francisco Zurisadai Rocha Murayama también obtendrá 52 mil como “Secretario Técnico de la JUCOPO”.

Para debajo de ellos hay muchos sueldos de 40 mil y 30 mil pesos.

Así que cuál austeridad. Aunque, al tiempo que hicieron estas contrataciones, los diputados hablaron de un supuesto ahorro porque habían despedido a 22 empleados.