En su comparecencia ante el Congreso del Estado, el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, confirmó que hay un efecto cucaracha proveniente del estado de Tamaulipas, lo que ha provocado un incremento en la alza delictiva de los últimos meses.
Ciudad del Maíz y El Naranjo, son dos municipios que se mantiene en focos rojos por su colindancia con dicho estado, que debido a los operativos federales aunado al cambio de gobierno, ejerció un movimiento en la red criminal que ha buscando en San Luis Potosí su base de operación y de financiamiento.
La Base de Operación Mixta, dijo, ha logrado cerrar diversos comercios que estaban por ser o eran utilizados para financiarse según arrojó el área de Inteligencia, entre los que destacó 11 yonkes, 10 bares, 11 lotes de autos usados, seis moteles, cuatro centros nocturnos, entre otros.
“Luchamos con un enemigo que no tiene cara, porque hoy detenemos a uno y sale otro, pero estamos sobre el crimen organizado”, señaló.
No obstante, señaló que la incidencia delictiva si bien si está a la alza, no se compara con otros años.
Asimismo destacó la importancia de los ayuntamientos en el combate al crimen, señalando que se realizan constantes cambios en las Direcciones Generales de Seguridad Pública, hasta donde hablan con el alcalde, desde el procurador, el secretario de Seguridad Pública, y el secretario general para saber por qué quieren nombrar a “tal o cual persona”, para así saber si está involucrado con redes criminales, “si nos dicen que no lo conocen, empezamos a sospechar”.
De igual forma Leal Tovías, se quejó de las liberaciones que se han hecho gracias al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, como en el caso del feminicida confeso de Tamuín, al cual la sala de Juicio le concedió la liberación por uno de los cinco homicidios por señalar que fue torturado.
Asimismo citó casos el caso de Valles, en donde presuntos autores de hechos violentos fueron liberados por un juez de control federal, por no “tener las suficientes pruebas”, aseverando que es el nuevo esquema del Sistema de Justicia Penal el cual terminará de consolidarse en seis u ocho años, “nosotros los detenemos, pero los jueces lo liberan”.
