+ MATAN ESCOLTAS DE LOS GARCÍA NAVARRO
+ EJECUTAN AL JEFE POLICIACO JAIME ESCAMILLA
+ GUERRA DE CALDERÓN TRAE ESCENAS DE HORROR A SLP
+ “EDUCADA” EN LA VIOLENCIA, ÚLTIMA GENERACIÓN DE POTOSINOS

29 de noviembre del 2007: Hombres armados con AK-47 asesinan a dos policías, y enseguida también a dos escoltas de la familia García Navarro, justo enfrente del edificio de la Acción Católica, a tres cuadras del Palacio de Gobierno.
Con esos cuatro asesinatos en el centro de la ciudad, quedó claro que San Luis Potosí no volvería jamás a ser el de antes, y la relativa paz que se había disfrutado hasta entonces terminaba para siempre.
A partir de ahí, lo que siguió ha sido una espiral de hechos violentos casi cotidianos, los cuales en realidad comenzaron a gestarse desde el 11 de diciembre del 2006, cuando el presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles de la droga.
Esos homicidios, perpetrados alrededor de las ocho de la noche de ese jueves de noviembre, solo representaron uno de los sucesos más alarmantes de al menos media docena de eventos sangrientos ocurridos en tal año.
Poco antes, el 13 de junio de 2007, se había dado el primer enfrentamiento de una célula del crimen organizado con militares y policías estatales. El suceso tuvo lugar a la altura de la gasolinera La Posta, por la salida hacia la carretera a Zacatecas.
Dos meses después, el 13 de agosto, fue asesinado, en la colonia Dalias, Guillermo Amado Camarena Dávila, Coordinador de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo de la Procuraduría General de República (PGR).
Amenazados, temerosos, empezaron a renunciar los primeros jefes policiacos.
El primero de ellas fue Víctor Hugo Ramos, director de la Policía Ministerial del Estado. Le siguen, el 3 de septiembre, los titulares de seguridad del Ayuntamiento capitalino, Ignacio Cisneros y Saúl Omaña Reséndiz.
Diez días después, el 13 de septiembre, es asesinado en la colonia Valle Dorado el titular de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, Jaime Flores Escamilla.
A partir de esta ejecución, se dan más renuncias, de funcionarios de seguridad y del Ministerio Público.
Deja el cargo Marco Antonio Novella, secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Sin hacerse de manera oficial, abandona su puesto el fiscal Oscar Kemp Zamudio, agente del Ministerio Público de Asuntos Relevantes.
En los días siguientes abandonan sus encargos también el procurador de justicia Guillermo Salazar Trejo, y el director de Seguridad Pública de Soledad.
Así, lo ocurrido el ya referido jueves 29 solo fue el colofón de una gran descomposición en la seguridad pública que el gobierno de Marcelo de los Santos nunca atinó a resolver.
De esa manera, este 2019 se cumplen 12 años durante los cuales la ciudadanía potosina ha vivido en la inseguridad y el acecho del crimen organizado, con independencia de qué partido o personaje esté a cargo del gobierno estatal y de los municipios.
Eso ha significado, entre muchas otras cosas preocupantes, que la última generación de potosinos, aquellos que tienen hasta poco más de 10 años, han sido ya “educados” como testigos mudos de una violencia extrema.
Violencia que les llega por medios de comunicación y redes sociales, y en otros casos de manera directa, cuando familiares suyos resultan víctimas del crimen.
Atrapados, sin posible salida a la influencia que ejercen medios y redes, para esos chicos es normal enterarse de balaceras, de toda una serie de etiquetas del crimen: “embolsados”, “ejecutados”, “decapitados”.
En su muy corta vida, no han conocido otra cosa que la psicosis, el horror, y la preocupación que empezó a generalizarse en los hogares potosinos a partir de ese 2007, cuando la entidad era gobernada por Marcelo de los Santos Fraga.
Sin duda, los nacidos antes de esa fecha tuvieron una infancia con mucho menos espectáculos de violencia, pues la guerra al narco que empezó a ensangrentar el país, y con ello San Luis Potosí, no inició sino hasta el ya apuntado año del 2006.
A partir de esa fecha, lo que siguió fue aumentando de gravedad, hasta llegar a la ejecución desalmada de jefes policiacos, y a las ejecuciones que se siguieron unas a otros, hasta la fecha.
Para ese entonces, el gobierno de Marcelo de los Santos había entrado ya en su segunda mitad de administración, y se iría en 2009 dejando un desastre en seguridad pública, mismo que le siguió estallando a su sucesor, Fernando Toranzo Fernández.
Representando al PAN, Marcelo había arribado al gobierno del estado en 2003, siendo así el primero que conseguía la gubernatura por este partido, y con ello también la alternancia en el poder que a lo largo de 74 años había monopolizado el PRI.
Pero de los Santos Fraga lo hizo tan mal, que apenas llevaba un año ostentando el cargo y ya, para el 2004, se habían perpetrado dos secuestros de alto impacto para los potosinos: el del empresario Javier García Navarro, y el de Nelly Esper Sulaiman.
Ambas víctimas representaban a dos de los sectores más sensibles en todo el estado, el del capital económico y de los intereses en la política.
García Navarro no solo era conocido por ser de la familia propietaria de chicles Canel´s , del hotel Westin, y de muchos otros negocios, sino que también había sido uno de los coordinadores en la campaña a la gubernatura de Marcelo de los Santos.
Y, en el caso de Nelly Esper, se trataba de la hija de Antonio Esper Bujaidar, acaudalado empresario de Ciudad Valles. Miembro prominente de la clase política priista, había sido secretario de obras en el gabinete del gobernador Horacio Sánchez Unzueta (1993-1997).
Ambas víctimas tuvieron un prolongado cautiverio a manos de sus captores: Nelly, un año y ocho meses; Javier, 10 meses y medio. Al final salieron con vida, y el gobierno marcelista pudo así dejar atrás esa crisis de los secuestros.
Pero solo para que dos años después, en el referido 2006, llegara (“haiga sido como haiga sido”) al gobierno federal Calderón Hinojosa, y a consecuencia de las decisiones de éste se volvieran a descomponer en San Luis la seguridad pública, como ya se dijo.
Terminó ese gobierno panista a cargo Marcelo de los Santos, y siguió el del priista Fernando Toranzo Fernández, con un recrudecimiento de la violencia, que a la fecha persiste.
Los potosinos siguen viviendo el peligro constante por el accionar de diversas células de organizaciones criminales que actúan casi en completa impunidad desde ese 2007.
Y es falso que esa inseguridad solo afecte a quienes se relacionan con tales criminales, como gustan de opinar algunos en las redes sociales, pues la descomposición es general.
Tan general, que no respeta sectores. Tolerados por las policías, surgen más puntos de venta para drogas como el cristal; se registran más robos y asaltos en cualquier zona de la ciudad capital; y proliferan los intentos de linchamientos.
Paralelo a ello, se descubren otras tantas fosas clandestinas, y hay un incremento de balaceras, de ejecutados, de personas decapitadas, de feminicidios, y crece, por tanto, el número de familias que viven en la desconfianza, el temor, la preocupación.