-Se implementa coordinación con Gobernación estatal para verificar la suspensión del comercio de bebidas alcohólicas

-Se giran oficios a establecimientos con licencia del ramo sobre medida federal

Como parte de las acciones previas al proceso electoral, el Ayuntamiento de la capital en coordinación con la Dirección General de Gobernación, trabajarán para verificar que los establecimientos y locales dedicados a la venta y suministro de bebidas alcohólicas no comercialicen este producto durante la aplicación de la Ley Seca durante el próximo fin de semana.

El Presidente Municipal interino, Juan Carlos Torres Cedillo, anticipó que ya se hizo el llamado a los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), para que apoyen en este tema y se respete esta disposición federal.

Remarcó que los establecimientos con venta de alcohol de consumo inmediato, venta o distribución, deberán suspender el comercio de este producto a partir de las 00:00 horas del 30 de junio, medida que concluye a las 24 horas del 1 de julio.

En lo que compete a la Dirección de Comercio, el edil abundó que ya se giró la instrucción para que la dependencia emita el aviso de la suspensión por escrito a los titulares de licencias con venta de alcohol, así como a otras dependencias relacionadas con el tema para la difusión de esta restricción a la población que se llevará a cabo durante el último fin de semana del proceso electoral.

“Como Ayuntamiento somos responsables de informar y verificar que se cumpla con esta disposición federal y sancionar en caso de que se presenten anomalías”, manifestó el presidente municipal.

Torres Cedillo, exhortó a los propietarios con venta de cerveza y bebidas alcohólicas a que acaten esta disposición ya que a través de la Dirección de Comercio se dispondrá un dispositivo con el Departamento de Inspección que estará vigilante en los tres turnos, de que se cumpla esta normativa, de lo contrario, se llevará a cabo la clausura inmediata del establecimiento y se emitiría una sanción económica que va de cien Unidades de Medida y Actualización (UMAS) en adelante.