Integrantes de asociaciones civiles se sumaron a la iniciativa de la diputada Josefina Salazar Báez para crear el Instituto de Atención a Personas con Discapacidad, que podrá generar políticas públicas de atención a este sector no desde el ámbito asistencialista sino de crear condiciones de desarrollo en todos los ámbitos.
“Buscamos que la discapacidad ya no sea vista como un problema de salud pública, como una cuestión de asistencia social. Lo que queremos es que se vea de una forma transversal atendiendo en todos los ámbitos de gobierno como educación, trabajo, cultura y en general para que las personas con discapacidad puedan tener acceso a todas las áreas”, señaló Catalina Torres, de la organización Libre Acceso.
Dijo que de esta manera, se busca que este instituto se ocupe de las políticas públicas y transversalizar todo el tema de atención a personas con discapacidad a través de todas las áreas de gobierno, con lo cual se plantea salir del modelo asistencial, para entrar en un modelo de atención integral a las necesidades de las personas con discapacidad.
Señaló que han tenido reuniones tanto con la legisladora Josefina Salazar, promovente de esta iniciativa, como con la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, y con la entrega de estas observaciones y sugerencias, se busca el incluir las propuestas y realizar un trabajo conjunto para concretar la creación de un instituto que responda a las necesidades de las personas con discapacidad.
Las Asociaciones que respaldan esta propuesta son: Desarrollo Integral a caballo; Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud; Discapacitados Visuales IAP; CEDES; CAPEA; Centro Cultural Inclúyeme como soy; Asociación Potosina de Deporte sobre Silla de Ruedas; Instituto Bilingüe Intercultural para Sordos; Libre Acceso; Turismo Inclusivo; Movimiento escucha mis manos, Mira mi Voz; Paraíso Aventura; Trabajemos por una nueva Luz; y Asociación Potosina pro Deficiente Mental.
Al respecto, la diputada Josefina Salazar expuso que se trata de una propuesta consensuada con organizaciones de la sociedad civil, por lo que confía en que la responsabilidad social de los legisladores permitirá su aprobación en el pleno, toda vez que es necesario abrir los ojos y ver a las personas con discapacidad desde otra perspectiva, no con un tema asistencialista sino de integración a la sociedad.
Dese esa perspectiva, este Instituto deberá generar las políticas públicas necesarias que permitan garantizar espacios laborales, acceso a la educación, movilidad, accesibilidad a cualquier edificio, es decir, “debemos dejar de lado la condición asistencialista y ofrecerles oportunidades en todos los ámbitos, para eso es el Instituto y apelamos a la sensibilidad de los legisladores para su aprobación, porque además no va a generar nuevos gastos”.
