A propuesta de la diputada Guillermina Morquecho Pazzi, el pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformar la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, que tiene como fin el coadyuvar en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, iniciando desde el ámbito educativo.

Así, la reforma establece que las autoridades educativas de la entidad establecerán condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad, de cada individuo, y de mayor equidad educativa.

Además, de fomentar la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos, adaptando escuelas y aulas accesibles y adecuadas para todos, eliminando todo tipo de violencia de género.

También se establece la obligación de apoyar en programas, cursos y actividades conjuntas con los padres de familia para fomentar el respecto al valor de igualdad y solidaridad, la prevención y eliminación de la violencia escolar y de género, comenzando desde el hogar.

En la exposición de motivos del dictamen, se indica que con la reforma se busca promover una educación de calidad con respeto a los derechos humanos, con el fin de eliminar la violencia escolar y de género, otorgando mayores herramientas a las autoridades para prevenir y eliminar todo tipo de violencia de género.

La violencia de género es un fenómeno que se presenta en todos los ámbitos de la sociedad; las estadísticas a este respecto advierten que, de los individuos que han asistido a la escuela, un porcentaje importante enfrentaron violencia por parte de compañeros y maestros durante su vida de estudiantes.

Señala que la finalidad de esta adecuación es que los escolares que asistan a los centros de educación dejen de tener temor por su integridad física o mental, al promover la práctica de valores, el respeto mutuo, la solidaridad entre la comunidad escolar, y se logre con ello alcanzar una educación de calidad.

Por tanto, busca establecer mecanismos para prevenir y erradicar la violencia de género y, en general, cualquier acto que atente contra los derechos humanos y vulnere la dignidad de los estudiantes dentro de los centros educativos, de modo que se genere un ambiente de tranquilidad en la comunidad escolar y su entorno.