A iniciativa de la diputada Graciela Gaitán Díaz, el pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí y la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de San Luis Potosí, a fin de establecer medidas de protección para los menores de edad que sean víctimas de violencia familiar por ambos padres.
Es así que se adiciona el inciso f) a la fracción II del artículo 43 de la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado, para establecer que cuando se ejerza violencia a un o una menor por ambos progenitores, la autoridad competente deberá primeramente, valorar y designar a otro familiar idóneo para que asuma la responsabilidad del o la menor. Disposición de la que se hace remisión en el párrafo último del artículo 205 del Código Penal del Estado.
En la exposición de motivos, se indica que esta medida resulta aplicable en los casos de violencia familiar cuando es cometida en agravio de menores por ambos progenitores, lo que ocasiona que sean colocados en un albergue y, en consecuencia, alejados de los demás familiares, lo que en muchos de los casos los revictimiza, pues además de padecer el maltrato, se enfrentan a la situación de alejarse de su entorno e, inclusive, de familiares que puede asumir la responsabilidad respecto de ellos.
De esta manera, se establecen acciones que facultan a la autoridad competente a designar un familiar idóneo que asuma la responsabilidad del o la menor, como parte de las medidas de protección cautelares para las víctimas de violencia familiar.
Se indica que estas acciones, son concordantes con lo establecido por el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, (UNICEF) que señala que “en la búsqueda de soluciones de protección para la infancia, deben prevalecer siempre las que intentan preservar la vida familiar y los entornos familiares, salvo que existan razones que desaconsejen esta convivencia después de haber valorado para cada caso concreto, cuál es el interés superior del niño”.
En su iniciativa, la legisladora señala que es importante proteger a los menores víctimas de violencia familiar, que son rescatados de esta situación en su hogar y que antes de ser remitidos a un albergue, “les sea buscado y valorado, por todos los medios, un familiar idóneo que se haga cargo de manera responsable de éstos, permitiéndoles seguir desenvolviéndose en la confianza y seguridad de una familia, que aunque no inmediata, les brindará un entorno lo menos ajeno posible y que contribuirá a su desarrollo integral”.
