Con el objetivo de mejorar el apoyo a juzgadores en cuanto al conocimiento y alcances de los derechos humanos del gobernado, en sesión ordinaria, el pleno de la LXI Legislatura reformó los artículos 97 y 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.

La iniciativa fue presentada por la legisladora Xitlálic Sánchez Servín, quien consideró que estas modificaciones representan un avance en el impulso de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y abona de manera importante a la protección de los derechos humanos en el Estado.

Con esta reforma se amplía el denominado Instituto de Estudios Judiciales, como uno de los órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura, para quedar como Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, el cual, contará con dos áreas de investigación, una que tendrá como función primordial realizar los estudios necesarios para el desarrollo y mejoramiento de las funciones del Poder Judicial del Estado.

La segunda, especializada en género y derechos humanos, teniendo como función la realización de los estudios necesarios para el desarrollo y mejoramiento de las funciones del Poder Judicial del Estado en esta materia.

Sánchez Servín indicó que mejorar el apoyo a juzgadores en cuanto al conocimiento y alcances de los derechos humanos abona al Plan Nacional de Desarrollo, de contar con una estrategia transversal de perspectiva de género en todos los programas, acciones y políticas de gobierno; que permitan reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

La legisladora dijo que la iniciativa resulta valiosa, por la importancia de establecer que bajo la premisa de que todas las autoridades deben hacer valer y proteger los derechos humanos dentro del dictado de sentencias y autos en lo que concierne a aquellas que su materia sea la impartición de justicia, es que se deben robustecer las bases institucionales por las cuales las autoridades jurisdiccionales cuenten con herramientas más profesionales y eficaces en la búsqueda de marcos teóricos de conocimientos para el mejoramiento de la práctica de impartición de justicia; según se señala en el dictamen aprobado.