Ante el incremento que se ha registrado en el número de accidentes automovilísticos por el uso del celular al momento de conducir, es necesario endurecer las penas y tipificarlo como delito a fin de que se sancione con cárcel y multas económicas, consideró el diputado J. Guadalupe Torres Sánchez, quien promueve la iniciativa de reforma al Código Penal y Ley de Tránsito.
El legislador hizo un llamado a sus compañeros de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, para que dicha iniciativa en la que se busca que se tipifique como delito utilizar el teléfono celular mientras se conduce un automóvil, se dictamine a la mayor brevedad, debido a que los índices de accidentes auromovilistops con consecuencias fatales por este motivo, ya supera a los percances propiciados por manejar en estado de ebriedad o bajo los influjos de una droga.
Recordó que su iniciativa de reforma al Código Penal y Ley de Tránsito, propone tipificar como delito el uso del teléfono celular al mismo tiempo que se conduce un vehículo automotor.
Explicó que actualmente existe una prohibición administrativa para quienes incurren en esta falta; sin embargo, ha sido insuficiente para inhibir estas acciones que muchas veces derivan en resultados fatales como la pérdida de vidas humanas, no sólo de quien conduce el vehículo, sino de otras personas como peatones, ciclistas, motociclistas o conductores de otras unidades.
El también vicepresidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, sostuvo “la intención es eliminar esa mala práctica de urilizar el teléfono celular mientras se conduce, estoy convencido que esto vendrá a ser un freno para ir erradicando esta mala práctica”
Dijo, “desgraciadamente ha faltado conciencia de la población, sobre el riesgo que representa el conducir utilizando el teléfono celular, “por ello se requiere de garantizar que el conductor dedique toda la atención al momento de manejar su vehículo pues de lo contrario las consecuencias pueden ser fatales y mortales”.
Reconoció que las campañas de concientización son muy buenas, sin embargo han resultado insuficientes, “de ahí la necesidad de elevar a rango de delito este hecho que va a beneficiar directamente a la población”.
