El Congreso del Estado cumplirá en tiempo y forma con la aprobación de lo que será el nuevo Sistema Anticorrupción para el Estado de San Luis Potosí, que permitirá colocar a la entidad a la vanguardia en algunos conceptos vinculados directamente en la participación ciudadana de algunos de sus espacios dedicados a combatir la corrupción.
La representante del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, diputada Lucila Nava Piña, destacó la importancia de que los integrantes de la LXI Legislatura, estén comprometidos para sacar adelante las iniciativas de ley que conformarán el nuevos sistema estatal anticorrupción.
La legisladora Nava Piña, dijo “este nuevo sistema que se estará homologado con el orden federal, y cuenta con temas que van desde una Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que contempla como se debe planear, presupuestar y sobre todo como se deben aplicar los recursos, otra Ley de Disciplina Financiera que establece los topes y montos a presupuestar en materia de recursos humanos, servicios generales, materiales y suministros; y una Ley de Deuda Pública que deberá establecer las facultades del gobernador y los presidentes municipales para la contratación de deuda”.
Cabe recordar que el Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López, envió en su momento al Congreso del Estado el paquete legislativo para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, que conlleva una reforma constitucional para crear la Fiscalía General del Estado.
Este paquete contempla las iniciativas: Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí; Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de San Luis Potosí; Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de San Luis Potosí y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí.
Asimismo, contempla el Código Procesal Administrativo del Estado de San Luis Potosí y la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí. También, incluye reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí y al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, respectivamente.
