+ EN DOS MESES, “INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA”

Por el probable delito de “violación agravada a un menor”, este 29 de octubre fue vinculado a proceso el ex procurador del DIF, Alejandro Fernández Montiel, quien fue distinguido en 2006 como “Potosino Distinguido” por parte del Ayuntamiento de la Capital.

Luego de casi 12 horas de una audiencia privada en el Centro de Justicia Integral del Centro de Reinserción Social de La Pila, la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales logró que el imputado permanezca preso.

El juez determinó, por otra parte, un periodo de dos meses para que la Fiscalía y la defensa ofrezcan información complementaria respecto a las acusaciones de violación que al indiciado le hace un joven de 16 años.

Esta presunta víctima era un interno del Centro de Asistencia Social (CAS) “Rafael Nieto”, y trascendió que, aunque denunció al funcionario, la directora del Centro, Claudia Hinojosa Celis, decidió solo ponerlo frente a frente con el presunto agresor.

Ante eso, el adolescente decidió escapar del CAS el 16 de octubre, fecha en que fue activada la Alerta Amber para su localización, lo cual consiguieron agentes de la Policía Investigadora.

Después fue trasladado a la Coordinación de Alerta Amber y Personas Desaparecidas, donde dio a conocer los hechos y explicó por qué había escapado.

Mediante una orden de aprehensión, Fernández fue capturado el miércoles 23 de octubre en las instalaciones del Club Deportivo Potosino, luego de una aparatosa persecución por la ciudad, debido a que pretendió darse a la fuga.

Al otro día, el jueves 24, en audiencia de imputación, el juez de control dictaminó la prisión preventiva para quien venía desempeñándose como Procurador de la Defensa de Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social en el DIF estatal.

En ese momento, la defensa, que lleva a cabo el abogado Rafael Aguilar, pidió la duplicidad del término constitucional para aportar pruebas en favor de su defendido, fecha que llegó este día 29 de octubre, sin que pudiera lograr la libertad del mismo.

Por el momento, el juez consideró que se aportaron pruebas para presumir la probable responsabilidad del acusado en el delito de “violación agravada a un menor”.

Como se sabe, la vinculación a proceso se determina cuando se desprenden de la investigación datos de prueba, e indicios razonables que permitan suponer la comisión del delito.

Así, el fundador y presidente del Instituto de Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel Hernández Romo”, tendrá al menos dos meses de reclusión, a pesar de las voces que claman la inocencia de quien en 2012 fue reconocido también por el Congreso del Estado con la Presea “Plan de San Luis”.