+ KAKO LEAL INTENTA SOBORNAR A REPRESENTANTES DE ABOGADOS, DENUNCIAN

+ ALMAZÁN CUE Y MARIA DEL ROCÍO HERNÁNDEZ, LOS MÁS IMPUGNADOS

*Abogados postulantes* expresaron a La Roja su preocupación de que el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, incurra en sobornos *de* representantes de asociaciones, barras, y colegios de abogados, a fin de ratificar como magistrados por otros *nueve* años a individuos acusados de corrupción, nepotismo, y tráfico de influencias, como son los casos de Juan Paulo Almazán Cue y María del Rocío Hernández Cruz.

Ambos personajes cuentan ya con quejas formales entregadas a Leal Tovías dentro de la consulta pública que se instrumentó desde el gobierno para palpar el sentir de la sociedad y de los profesionistas del derecho, en torno a si se debe o ratificar en sus cargos a 10 magistrados que fueron nombrados en sus cargos el 16 de octubre del 2014, y cuyo plazo vence el 15 de octubre del 2020.

Como secretario de gobierno, Leal fue el responsable de recibir las quejas formales –aunque protegiendo la identidad de los denunciantes– contra supuestos malos manejos o diversas impugnaciones de tales integrantes del STJE.

Entre tales denuncias, se repitieron las que ya en el pasado se han hecho de manera pública contra Almazán Cué, quien dejó la presidencia del Tribunal en 2019. Esas acusaciones tienen que ver con el nepotismo, al incluir durante su presidencia a múltiples allegados y familiares.

También se le señala de malversación de fondos y de haber usado recursos públicos para fines particulares, como viajes de placer y otros.

En cuanto a María del Rocío Hernández Cruz, uno de los testimonios que recibió Leal Tovías afirma que la “única virtud” de esta *licenciada para ser designada como magistrada numeraria durante el aludido periodo* , es haber pertenecido al Partido Acción Nacional (PAN)”, deduciéndose que tal designación fue debido a una “cuota partidista”. En la misma situación estaría el ya señalado Juan Paulo Almazán Cué.

Los denunciantes (quienes pidieron reservar su identidad para evitar represalias en los asuntos que llevan en el STJE) temen que los representantes de abogados *hayan sido comprados por integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, pues es curioso que primero se pronunciaran por la no ratificación de los diez magistrados a evaluar y, posteriormete, avalaron a la actual presidenta, al referido ex presidente y otro magistrado, tres en total*, con empleos, dinero, u otros beneficios, luego de reuniones que han tenido con *la Presidenta de los dos Plenos, del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia.*

Para estos practicantes del Derecho, lo más sano es que no se ratifique a ninguno de los 10 magistrados, quienes ya tuvieron la oportunidad del puesto durante seis años.

Al respecto, argumentan los quejosos que ningún funcionario del Poder Judicial debe durar en su encargo más de lo que dura un presidente de la República o un gobernador, pues la permanencia en el cargo los corrompe o les hace entrar en una comodidad indolente que en nada beneficia a la impartición de justicia.

La confirmación para que permanezcan otros *nueve* años al frente de las magistraturas o bien para que se les remueva será una decisión del Congreso del Estado, a propuesta de la Comisión de Justicia integrada por los siguientes diputados: Rubén Guajardo Barrera, Paola Alejandra Arreola Nieto, Marite Hernández Correa, Sonia Mendoza Díaz, Edgar Hernández Contreras, Beatriz Eugenia Benavente González, y María del Rosario Sánchez Olivares.

Sin embargo, antes de esa propuesta de comisión que deberá aprobar el Pleno legislativo, la propuesta y los respectivos expedientes del desempeño de los 10 magistrados será elaborada por el Consejo de la Judicatura del mismo STJE, y enviada al gobierno del estado, de donde al final partirá la recomendación *del Gobernador del Estado* sobre la ratificación al Congreso o la terna de reemplazo.