San Luis Potosí, México

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ CALLAN SOBRE INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL PARA PROTEGER LA SIERRA DE SAN MIGUELITO.

  • PROPIETARIOS DE MEDIOS ESTÁN DENTRO DEL JUGOSO NEGOCIO PARA DEVASTAR LA SIERRA.
  • SEMANART EVIDENCIA ILEGALIDADES DEL AYUNTAMIENTO NAVISTA Y DUEÑOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En la sesgada cobertura mediática de este sábado del oficio que mandó ayer la SEMARNAT al alcalde interino Alfredo Lujambio para que se abstenga de seguir promoviendo los planes de desarrollo urbano sin tomar en cuenta las legislaciones estatal y federal, salieron a relucir los intereses económicos de un grupo de empresarios que quieren construir en la Sierra de San Miguelito.

 

A estos hombres de negocios los encabeza Carlos López Medina y son los Valladares, Torres Corzo, Vicente Rangel, Luis Mahbub, Alejandro Tamayo, López Palau, José Cerrillo Chowell, Marcelo de los Santos Anaya, los Valle y Muñiz Werge, entre otros.

 

Varios de ellos son dueños de medios de comunicación, son juez y parte en este conflicto legal y social que pone en riesgo el medio ambiente de la Sierra de San Miguelito y del Valle de San Luis, ocultan a sus audiencias que están metidos en este negocio inmobiliario y prefieren destacar otras noticias que evidenciarse como acaparadores del suelo urbano.

 

Primero fue el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, quien alertó desde su cuenta de Twitter que “el Ayuntamiento de San Luis Potosí quiere autorizar la depredación de la Sierra de San Miguelito y su Cañada del Lobo, desconociendo su estatus de zona de reserva y los esfuerzos para su protección del gobierno federal. Sería un ilegal golpe al patrimonio natural de los mexicanos”.

 

Luego fue María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la que giró un oficio al alcalde Lujambio Cataño, al que de manera expresa en el caso de la Sierra de San Miguelito se le pidió “no realizar procedimientos o modificaciones por encontrarse en proceso de ser declarada ANP”.

 

Le pidió además trabajar de manera coordinada con la Semarnat y el gobierno estatal en los programas de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico de dicho municipio.

El golpe contundente de la secretaria Albores que sacudió la campaña de Xavier Nava fue lo siguiente: “que previa autorización de los proyectos del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población, se solicite opinión formal a las instancias rectoras en materia de desarrollo urbano y ambiental tanto estatales como federales, a fin de avanzar en un trabajo integral para beneficio de los pobladores”.

 

Este oficio merecía las ocho columnas de los diarios porque el ayuntamiento navista no podrá emitir el dictamen de los planes de desarrollo urbano y menos votarlo en el pleno del Cabildo sino se coordina antes con la SEMARNAT, por lo que se postergará por varios meses más, pero por ejemplo, el Pulso, propiedad de los Valladares, prefirió destacar como noticia principal que el ayuntamiento de Soledad presuntamente aumentó su nómina.

 

Y sus páginas interiores publicó la postura del interino Lujambio Cataño dando solo respuesta al vocero de López Obrador pero ni una palabra sobre el oficio de la SEMARNAT. En ese mismo tono los portales Global Media ,de los Torres Corzo, y el canal 7, de Luis Mahbub destacaron lo dicho por el interino y minimizaron el oficio de la secretaria Albores.

 

La defensa de la Sierra de San Miguelito se ve fortalecida con la postura de la SEMARNAT que puso a la luz el incumplimiento de las leyes por parte del alcalde con licencia Nava Palacios que quiere a cómo de lugar la aprobación de los planes de desarrollo sin apegarse a normas estatales y federales, además de que pone un freno al acoso mediático en contra de las y los regidores que se niegan a hacer partícipes de esa ilegalidad.

[18:03, 9/1/2021] Zapata: CEEPAC CASTIGA A XAVIER NAVA PREVIO A ELECCIÓN DEL PAN POR VIOLAR DERECHO DE MENORES DE EDAD

Previo a las votaciones del domingo para concluir el proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) para elegir a su candidato a gobernador, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), dictó medidas cautelares contra Francisco Xavier Nava Palacios por publicar fotografías de menores de edad en sus eventos.

Nava Palacios fue denunciado la semana pasada por el uso de imágenes con niños y adolescentes en su publicidad como precandidato.

La denuncia argumenta que en las redes sociales de Nava se publican imágenes con menores de edad en actos de proselitismo. Esto, implicaría una violación a preceptos legales desde la Convención Americana de derechos Humanos, Constitución Política, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes y los acuerdos del consejo General del INE sobre propaganda y mensajes electorales.

La denuncia agrega que en las publicaciones no se cuidó la imagen de los menores de edad, pues son claramente identificables, “lo cual los coloca en riesgo grave al establecer sus rasgos de identidad y lugar de ubicación”.

La denuncia también detalla que en la omisión de Nava Palacios existe una violación al interés superior de los niños y adolescentes, al poner en peligro su seguridad e imagen, vinculado a su derecho de intimidad y honor.

Ante esto, el Ceepac determinó que la propaganda electoral de Nava Palacios vulnera los derechos de los menores de edad que aparecen en su publicidad, por lo que deberá eliminarlos de su cuenta de Facebook y abstenerse de volver a utilizarlos para fines políticos.

El equipo del precandidato fue notificado sobre la sanción que interpuso el organismo, a la vez que solicitó se presenten los permisos de autorización otorgados por los padres o tutores de los menores de edad para su aparición en los spots propagandísticos, en el caso de que existan, o de lo contrario, deberá eliminar el material.

Además de las medidas cautelares, el Ceepac advirtió a Nava Palacios sobre posibles sanciones por parte del Tribunal Estatal Electoral, una vez que los magistrados revisen y analicen las pruebas para juzgar si se cometió o no, una falta ante la probable violación de la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de San Luis Potosí.

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