Más mochos que los poblanos…

+ FRACASO Y SIMULACIÓN DE MORENA EN EL CONGRESO

Los matrimonios entre personas del mismo sexo son un derecho constitucional, reconocido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde junio de 2015.

Sin embargo, los diputados potosinos, quienes deben ser los primeros en velar por el respeto a esa Constitución, se están oponiendo a tal derecho.

Y eso es algo que no ocurre ni en estados conocidos por su conservadurismo, como es Puebla, donde se encuentra legalizado desde el primero de agosto de 2017.

Este miércoles 24 de abril, en la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura, fue rechazada la propuesta para establecer en el Código Familiar de San Luis Potosí esas uniones homosexuales.

Con “argumentos” como el derecho divino y las encuestas, los legisladores rechazaron cumplir con lo que ordena la Constitución, como si la ley civil pudiera someterse a religión alguna o a pareceres de la ciudadanía.

Tal iniciativa de ley tiene que pasar por dos comisiones legislativas, la citada de Justicia, y la de Derechos Humanos.

Por lo pronto, lo ocurrido en la de Justicia, presidida por el panista Rubén Guajardo Barrera, parece que será el destino inmediato que le espera a una innovación legal que terminará ocurriendo, de una u otra manera.

Se trata de una disposición inevitable, desde el punto de vista legal y de Derechos Humanos, además de una prerrogativa que avanza en todo el mundo.

Si ahora hay diputados en contra, como el citado Rubén Guajardo, es porque están jugando con intereses políticos, debido al partido y los sectores sociales que representan, a sabiendas de que actúan a contracorriente de la historia.

El significado de la palabra “mochos”, les embona: “La palabra mocho, en un contexto nacional, significa “Santurrón”; esto es, que es “exagerado en los actos de devoción” y también, “un hipócrita que aparenta ser devoto”.

Dicha Comisión de Justicia está integrada por el ya mencionado Rubén Guajardo y Sonia Mendoza Díaz, del PAN; Edgardo Hernández Contreras (PVEM), quien acostumbra ser agresivo con las mujeres y entrón contra el gobierno en temas de seguridad, pero aquí se vio tan mocho (o convenenciero) como los panistas.

Las otras cuatro integrantes de ese órgano colegiado son María del Rosario Sánchez Olivares y Beatriz Benavente Rodriguez, del PRI; una del Partido del Trabajo, Paola Arreola Nieto, y una de MORENA, Marite Hernández Correa.

De esos seis miembros, solo las dos últimas votaron a favor: Paola Arreola, y la autora de la iniciativa, Marite Hernández Correa.

En el fondo, se trata de una simulación de las dos diputadas, y no de congruencia. Primero, porque en todo lo demás que les marca la Cuarta Transformación han defraudado, empezando por el sueldo que perciben; mayor al que gana el presidente, y del cual no han querido renunciar.

Y, segundo, porque llevaron la propuesta a dictamen de tal Comisión a sabiendas de que no tenía posibilidades de proceder.

Tanto Paola como Marite votaron a favor en un tema que no les causa afectación a sus bolsillos, y queriendo congraciarse con unos votantes que se encuentran muy decepcionados y defraduados con su desempeño.

También se trata de una evidente incompetencia política y legislativa que los diputados de lo que fue la Coalición obradorista de “Juntos Haremos Historia” han mostrado en estos siete meses de desempeño.

Aparte de incompetentes y ambiciosos, se encuentran divididos, y no son capaces de convencer de nada a nadie, ni de poder lograr al interior del Congreso las alianzas necesarias que se requieren en temas controversiales como este.

Una vez rechazada en la Comisión de Justicia la comentada iniciativa, queda ver cómo le va a la misma en la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el protagónico Pedro Carrizalez Becerra, mejor conocido como “El Mijis”.

En este segundo órgano de deliberación, tal proyecto de ley será analizado el próximo martes 30 de abril, y ahí tiene más posibilidades de que se vote a favor, pues MORENA y PT tienen la mitad de votos.

Solo necesitan convencer a uno de los legisladores de los demás grupos parlamentarios para que la propuesta sea llevada al pleno de los 27 legisladores en fecha próxima. Pero, conociendo la trayectoria de los diputados morenistas, es mejor guardar cierto margen de duda de que lo consigan.

La Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género, la componen: Pedro César Carrizales Becerra (PT), Alejandra Valdez Martínez (MORENA), Edson de Jesús Quintanar Sánchez (MORENA), Angélica Mendoza Camacho (MORENA), Rolando Hervert Lara (PAN), Martha Barajas García (Nueva Alianza), María Isabel González Tovar (PRD), y Rolando Hervert Lara (PAN)

Pero, si logra pasar en tal comisión, luego tendría que ser sometida al pleno legislativo, donde es previsible que sea desechada una iniciativa de ley que se presentó sin consensos previos, ni trabajo político, y que es mera simulación de la legisladora Marite Hernández Correa.

Los representantes de lo que fue la Coalición Juntos Haremos Historia, suman apenas nueve votos. No les alcanza, y tampoco tuvieron la decisión y la capacidad de trabajar el tema con sus compañeros legisladores de otros partidos.

Si se cumplen tales circunstancias, es que, a corto plazo, las parejas gays que quieran formalizar su situación deberán ampararse, como lo han hecho hasta ahora. Y, a mediano plazo, puede venir un mandato de la SCJN, que obligue a los diputados potosinos a respetar la Constitución, para vergüenza de estos.

A la fecha, el matrimonio homosexual es una realidad legal y social en la Ciudad de México, desde el 2010; Quintana Roo, 2012; Coahuila, 2014; Chihuahua, Nayarit, 2015; Jalisco, Campeche, Colima, Michoacán, Morelos, en 2016; Chiapas, Puebla, Baja California, en 2017.

También Nuevo León y Aguascalientes, en este 2019