Es tal la ambición de empresarios potosinos por adueñarse de más de 2 mil hectáreas de la Sierra de San Miguelito que ha tenido que intervenir el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y al menos dos integrantes de su gabinete: María Luis Albores González, secretaria de Medio Ambiente; y Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia.

Este 10 de enero, Albores González escribió desde su cuenta de twitter un mensaje a tales “hombres de negocios” potosinos: “La Sierra de San Miguelito se encuentra en proceso hacia la declaratoria de Área Natural Protegida de carácter federal”.

Y agregó en un segundo párrafo: “Autoridades federales, estatales, municipales y l@s ciudadan@s debemos unirnos para preservar un medio ambiente sano para las futuras generaciones”. Y acompañó su tuit con cuatro fotografías de paisajes de la citada Sierra.

Un par de días antes, hizo lo propio el vocero de AMLO, quien también desde su cuenta oficial de tuiter dejó establecido el viernes ocho de enero:

“El Ayuntamiento de San Luis Potosí quiere autorizar la depredación de la Sierra de San Miguelito y su Cañada de Lobo, desconociendo su estatus de zona de reserva y los esfuerzos para su protección del gobierno federal. Sería un ilegal golpe al patrimonio natural de los mexicanos”.

Antes, en al menos dos ocasiones, el propio presidente se ha referido a la defensa de esa Sierra, diciendo que no debe pasar lo que ocurrió con la destrucción de Cerro de San Pedro.

Una ocasión lo dejó dicho desde la Plaza de Fundadores en un mitin masivo, y otra en una conferencia mañanera.

Sin embargo, los empresarios potosinos que codician la Sierra han querido aprovechar la complicidad que con ellos tiene el alcalde Xavier Nava, y dar madruguete a las decisiones presidenciales de protección ecológica que se encuentran en proceso desde instancias federales.

Es tanta la ambición y apresuramiento de tales fraccionadores que hasta el abogado patronal amigo de ellos, Jorge Chessal Palau, les advirtió en un artículo periodístico que si cometían ese acelere sería contraproducente, pues se vendrían amparos y litigios legales que provocarían más reveses para ellos.

Desde la Federación, por medio de la citada secretaria de la Semarnat, se les está pidiendo a los actuales funcionarios y representantes del Ayuntamiento que esperen y concilien intereses con el estado y el gobierno federal.

De entrada, tendrían que esperar a que se declare la zona como Área Natural Protegida, o atenerse a las consecuencias si siguen en sus intentos de violar la ley para perjuicio de los potosinos.