Cuando en el Gobierno del Estado debían estar preparando un programa de apoyo a los más de 5 mil migrantes que cruzarán el territorio potosino, al secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tovías, se le ocurre decir que los criminales que están incidiendo en delitos graves en San Luis Potosí son extranjeros, según han detectado, afirma.

Mal recibimiento, nada amable, para esos centroamericanos que con sus familias llevan a cabo un viacrucis desde sus países de origen y con rumbo a Estados Unidos, y quienes ya fueron criminalizados antes por Donald Trump al decir que no permitirá el ingreso de los mismos a territorio norteamericano, entre otras cosas porque, afirma, entre ellos hay muchos delincuentes.

Hace unos días, en su comparecencia en el Congreso, el citado funcionario estatal, mejor conocido en el submundo de la política local como “Caco Leal”, aseguró que los asesinatos de mujeres eran sobre todo por cuestiones intrafamiliares. Casi como diciendo: son cosas que ocurren al interior de las familias, donde no podemos hacer nada.

Cínica forma de escurrir el bulto de la responsabilidad del estado, y de él en particular como funcionario público, pues siendo secretario de gobierno es el encargado político de la seguridad pública, del orden interno.

Si reducimos el grave problema de los feminicidios a cuestión de particulares y a una situación de causas intrafamiliares, el gobierno sería así menos obligado de las condiciones sociales, de la falta de seguridad, y de derechos humanos que propician tales feminicidios.

Para este servidor público no existirían entonces, pareciera, las múltiples mujeres que han sido víctimas del crimen organizado, las que son violadas y luego arrojadas a las carreteras o a los baldíos, las desparecidas.

Y ahora, todavía fresca esa negligente declaración, reincide señalando que han detectado que los delincuentes son extranjeros.

¿El reciente asesinato de la dentista Erika debe atribuirse a extranjeros perniciosos?

Los cuerpos que cuelgan en los puentes, las cabezas que han dejado en el edificio de seguridad pública, los asaltos en el centro de la ciudad, ¿son obra de gente ajena a San Luis? Y de ser así, ¿eso en qué cambia las cosas?

Se trata más bien de otra excusa, de otro pretexto ante su manifiesta incompetencia como parte de un gabinete de gobierno que, en esta área, como en varias otras, solo ha dejado a deber.

Sean esos maleantes de dentro o de fuera, ellos tienen la obligación de brindar seguridad al ciudadano que les paga su sueldo.

Si los infractores son extraños o son de casa, es irrelevante, aquí lo que cuenta es que la ineptitud para detenerlos sí es de los que están adentro, pero adentro del gabinete de Carreras; en especial, claro, de los que ocupan los cargos de primer nivel, como es el caso de este Caco Leal.

Y no solo estamos hablando de ineficiencia, sino incluso de complicidad, pues la Policía Ministerial no está exenta de contubernios con células delictivas, o son algunos de ellos mismos quienes se dedican a atracar, como hemos tenido ejemplos en el pasado.

Por otro lado, los activistas locales que sí quieren ayudar de manera humanitaria a los migrantes que cruzarán San Luis Potosí, agradecerían que, si el gobierno de Carreras no tiene ahora mucho interés en ayudar a los hermanos centroamericanos, al menos que sus funcionarios no empiecen con declaraciones xenófobas, que harían más difícil la estancia aquí de tales viajeros por necesidad.

El Caco Leal no debe olvidar que él también es foráneo, nada menos que de Tamaulipas, un estado peor que San Luis Potosí en cuanto a incidencia del narcotráfico y otros delitos de alto impacto.