Juan Carlos G., el presunto homicida de Aurelio Gancedo, habría desmembrado el cuerpo de este para simular que se trataba de una ejecución del narco, y así despistar a las autoridades.

Esa pudo ser la razón de que luego tales restos los colocara en bolsas negras y las depositara dentro del mismo vehículo que manejara la víctima, el Mini Cooper.

El crimen en realidad ocurrió –de acuerdo a la Fiscalía– por estrangulamiento y dentro de un hotel.

Lo que al parecer precipitó dicho homicidio fue un desacuerdo que tuvo Gancedo Rodríguez con Juan Carlos G., a quien se identifica como sexoservidor.

Se supone así que el ex presidente del PRI tuvo contacto con dicha persona entre el 20 y el 21 de enero, y fue este segundo día cuando sus allegados, al no localizarlo, lo reportaron desaparecido.

Más tarde, ya el día 22, el coche que el político manejara es localizado en la colonia Las Mercedes, por el rumbo del Seminario Mayor. En el lugar, el reportero de La Roja reveló que dentro del coche estaban unas bolsas negras.

De lo que contenían las mismas se supo más tarde, cuando la Fiscalía informó que ahí estaban los restos de quien fuera ex funcionario con Victoria Labastida, Fernando Toranzo, y Jesus Murillo Karam.

Según las investigaciones –reveladas entre otros por el columnista Juan José Rodríguez– luego de que se reportó la desaparición de Gancedo, los agentes interrogaron a sus allegados.

Así les fue posible saber que el hoy fallecido acostumbraba frecuentar sitios de prostitución masculina, y de ahí se enteraron de que había hecho una cita con el hoy imputado.

Luego varias cámaras de vigilancia los llevaron a detectar la entrada al citado hotel del coche de Gancedo el martes 21, alrededor de las 4 de la tarde, y la posterior salida del mismo unas horas después, ya con solo un ocupante visible, y en el asiento trasero solo un bulto tapado con una sábana blanca.

De dicho hotel, Juan Carlos G. habría manejado el auto de su víctima hasta la zona de la delegación de Pozos y la carretera 57, donde ingresó a otro establecimiento de hospedaje.

Según la supuesta confesión del acusado, en ese sitio habría descuartizado el cuerpo de su víctima, cuyas partes colocó en bolsas negras de las ocupadas para basura, y estas la metió en el coche, con el fin de que se entendiera que los autores del crimen eran de la delincuencia organizada.

Pero no fue eso lo que llevó a la detención del inculpado en un primer momento, sino los dos teléfonos celulares propiedad de Aurelio Gancedo, mismos que Juan Carlos habría puesto en venta dentro de un sitio de internet.

Por medio del número IMEI la policía dio con los nuevos usuarios, quienes dieron las señas de quien les había vendido los aparatos, así como los detalles de la camioneta que este manejara.

Dicho vehículo estuvo siendo rastreado por varios grupos de agentes de la Policía de Investigación, en diversas zonas de la ciudad, hasta que dieron con el responsable, y lo detuvieron acusándolo de robo de los teléfonos; y afirma la Fiscalía que también le encontraron algo de droga.

Ya detenido y acusado de estos dos delitos, según eso encontraron sus huellas dactilares y de ADN en el vehículo Mini Cooper. Después, también habrían obtenido la confesión del ahora vinculado a proceso.

Toda esta versión es, a muy grandes rasgos, lo que informó la Fiscalía al gobernador y a un grupo de notables allegados a Gancedo, pero que no fue abordado con la misma claridad y amplitud a la opinión pública.

De ahí que la información escueta, escasa, y deficiente que dio a conocer la Fiscalía el lunes 27 de enero haya sembrado suspicacias y dudas entre la población y en diversos personajes.

Eso se vio con las expresiones de sospecha que expresaron los diputados Edgardo Hernández y Betty Benavente; y, por otro lado, también el vocero de la Iglesia Católica, Jesús Priego. Ellos y otros más restaron credibilidad a la investigación.

Pero, aunque no informaron a toda la ciudadanía, pretextando el respeto a la vida privada del fallecido y el cuidado al debido proceso penal, de cualquier forma, la Fiscalía se cuidó de dar información a diversos actores de la política y el periodismo.

No obstante, todo lo aquí expuesto no deja de ser solo la versión oficial, pues existe también, aunque menos conocida, la posición que maneja el ahora inculpado y su defensa legal.

Amigos y familiares del imputado lo defienden, y señalan que están siendo amenazados para no decir la verdad; aseguran que Juan Carlos fue detenido el sábado 25 cuando se trasladaba en su camioneta por el rumbo de Pozos, y en compañía de sus hijos.

Que entonces fue interceptado por varios vehículos, de los cuales bajaron sujetos armados, y lo amagaron.

Y que después uno de esos sujetos colocó una bolsa con mariguana dentro de la camioneta, y una computadora.

Que después lo obligaron a caminar por una avenida, y a tocar con sus manos la citada computadora, además de sufrir tortura: “Lo vendan, le meten agua, le dieron golpes en la cabeza”.

Eso último se encuentra ya siendo difundido por algunos medios digitales, y proviene de un testigo anónimo que dice temer por su seguridad.

También, por otro lado, consta una queja que el acusado y sus familiares interpusieron a su favor en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)