+ “VENGANZA”, JUICIO CONTRA SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, AFIRMAN
+ EN DESPLEGADO, DEFIENDEN A PINEDA Y ATACAN A LA FISCALÍA
+ OLVIDAN SEÑALAR INEPTITUD DE XAVIER NAVA PARA PREVENIR EL DELITO
En desplegado publicado este domingo 23 de junio, nueve organismos empresariales acusan a diputados locales de pretender torcer la justicia, al disponer un juicio político contra Jaime Pineda Artega, titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
Al tiempo que defienden al cuestionado funcionario, COPARMEX, CANACINTRA, INDUSTRIALES POTOSINOS, entre otros, se lanzan contra la Fiscalía General del Estado, y olvidan señalar la ineptitud del Ayuntamiento de la Capital para prevenir el delito.
Comentan que las causas de la inseguridad son multifactoriales, pero en su comunicado solo señalan presunta responsabilidad de la Fiscalía General del Estado a cargo del notario Federico Garza Herrera.
Para nada mencionan lo más importante, la prevención del delito en la esfera municipal, que corresponde sobre todo a los presidentes municipales Xavier Nava Palacios en la capital, y a Gilberto Hernández Villafuerte en Soledad de Graciano Sánchez, ya que es donde más crímenes se cometen en todo el estado.
“Hoy, el Congreso del Estado intenta ejercer un juicio político en contra del secretario de Seguridad Pública Estatal, comisario Jaime Pineda Arteaga, porque algunos legisladores consideran que ha incumplido con su función”, refiere el comunicado de los hombres de empresa.
Y, enseguida, hacen una petición directa, solicitando a los legisladores desistirse de tal procedimiento sancionador: “Hacemos un llamado a los 27 diputados que reconsideren dicho procedimiento legal”.
Según los hombres de empresa, con tal medida, quienes “realmente serán lastimados” será “cada uno de los ciudadanos”, porque, aseguran: “…un juicio político o la destitución del funcionario no resolverá, ni solucionará el problema de la inseguridad en San Luis Potosí”.
Argumentan que los problemas de delincuencia que en todos los ámbitos se padece en el estado son consecuencia de un “problema multifactorial”, y que para su solución se requiere de la participación de todos”.
Lo que se necesita, plantean, “es una verdadera coordinación”.
Enseguida, se lanzan contra la Fiscalía General del Estado y el Nuevo Sistema Penal, omitiendo la responsabilidad de las autoridades preventivas.
Así, piden una “capacitación del personal de la Fiscalía General”, ya que, aseguran “hay muchos que son detenidos, y por el Nuevo Sistema de Justicia Penal no son procesados debidamente”.
Refieren: “Como empresarios fuimos los primeros en solicitar un cambio en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el cual se dio el año pasado, porque demandamos un cambio en la estrategia”.
Consideran que tal cambio se dio y hay resultados, según ellos, porque “hay detenciones importantes”.
Entonces, de acuerdo a su visión: “…falta reforzar a la Fiscalía General del Estado, para que actúe conforme a la ley, y también que la ciudadanía denuncie más y le dé seguimiento”.
aYa para terminar, exponen: “Un juicio no debe ser por intereses personales y en venganza, pero además los diputados deberán ser inteligentes y no prestarse a este tipo de situaciones que no ayudan a nadie”.
No obstante, los firmantes de la citada postura no dicen a qué tipo de supuestos “intereses personales” están sirviendo los diputados, tampoco sí en ese involucramiento se encuentran inmiscuidos todos los legisladores, aunque así se supone cuando dirigen el mensaje a los 27 representantes populares.
Los empresarios tampoco explican o dan datos para fundamentar su dicho de que el citado proceso de juicio político es una “venganza” contra el secretario de Seguridad Pública Jaime Pinera Arteaga.
¿Venganza de quiénes? ¿Por qué?
