+ CRIMINALIZA MEMORIA DE MURALISTA Y DE FAMILIARES SACRIFICADOS EN CIUDAD VALLES

“Uno se confió en las autoridades. No hubo resultados.

El resultado fue esto: un triple homicidio en mi familia”.

María de la Luz Domínguez.

Tía de Héctor y Julio Emmanuel Domínguez

Tenía 33 años, y era director del Cobach 15, de Ebano, San Luis Potosí.

A diferencia de otros, él ganó la plaza directiva por su trabajo y talento, mediante un concurso de oposición.

Digno mérito en un sistema educativo con opacidad, dudas sobre el manejo de los recursos, y versiones de venta de plazas del sindicato en colusión con la dirección general a cargo de Marianela Villanueva Ponce.

Era un orgullo del sistema Cobach, ya que fue egresado de esa misma institución, llegando luego a dirigir el citado plantel a partir de agosto del 2018, luego de aprobar el examen del Servicio Profesional Docente.

Desde que era alumno de tal Colegio destacó por su desempeño y liderazgo.

Espíritu de servicio que ya implementaba con éxito en la citada preparatoria de Ébano, pues poco a poco comenzó levantar una escuela que antes de su llegada iba en decadencia.

Para ese viernes 19, cuando fue asesinado en su domicilio de Ciudad Valles, Julio Emmanuel Domínguez Rodríguez había ya establecido lazos de cooperación y confianza con la comunidad de Ébano, con los padres de familia, personal académico, y alumnado.

Todo eso quedó trunco la noche del pasado viernes 19 de abril, al ser asesinado junto con su padre Aureliano Domínguez, de 62 años, y su hermano Héctor, pintor y muralista de 27 años.

La mayor parte de la información sobre ese triple homicidio se ha concentrado en lo que fue la personalidad de Héctor Armando. Eso, debido a que el ataque iba destinado a él, desde que el 29 de septiembre había ya sufrido un atentado, y a que su trabajo de muralista y activista cultural lo hizo siempre más visible.

El señor Aureliano, y el directivo del Cobach, resultaron víctimas trágicas de una homicida agresión que en un principio iba dirigida solo contra Héctor.

Ante esa lamentable circunstancia, Marianela Villanueva Ponce, la citada directora general del Colegio de Bachilleres, prefirió escurrir el bulto a su responsabilidad, y salir del paso solo con una tibia e hipócrita condolencia a la familia afectada.

Así, la militante del PRI, y quien fue diputada local por el PVEM, omitió pedir lo que era su obligación moral y profesional: exigir una investigación eficaz sobre el asesinato de su director del plantel, justicia para la familia, y castigo a los responsables del crimen.

En Twitter y Facebook se limitó a expresar su “más sentido pésame”. Y solo eso. Lo cual provocó indignación y malestar no solo en la comunidad del Cobach, sino también en ciudadanos de los municipios de Valles y Ébano, que se encuentran pidiendo justicia.

Pero la funcionaria vino luego a perjudicar más a las víctimas, ya post mortem, señalando que no podía exigir nada en torno al crimen de los citados funcionarios docentes y del padre de ambos, porque, dijo, ignoraba las circunstancias en que había ocurrido el homicidio.

Así, lo que Villanueva Ponce sí hizo fue manchar la memoria de las personas asesinadas, criminalizarlas, y ofender a los sobrevivientes de la familia Domínguez, pues con esto insinuó, en los hechos, una posible culpabilidad de las personas sacrificadas.

Falta de valor o de conocimiento en Derechos Humanos (a pesar de haber sido diputada), Villanueva pasó por alto que las circunstancias en que haya ocurrido el asesinato múltiple no pueden ser pretexto para evitar pedir que se haga justicia.

Como directora general del COBACH su obligación institucional era tomar una postura de exigencia, pues en un solo evento asesinaron a dos funcionarios que estaban bajo sus órdenes: Héctor era docente en el Cobach 06 de Ciudad Valles, y Julio, como quedó dicho, director del plantel 15, en Ébano.

Pero si Marianela prefirió no meterse fue más bien porque, fiel a su personalidad mediocre y acomodaticia, no quiere generarle problemas a un gobierno del estado a cargo de Juan Manuel Carreras López, quien le dio el puesto que ostenta no por trayectoria, sino por favoritismo.

Con esa actitud, ella queda bien con el gobierno del estado, pero muy mal con la comunidad, con las víctimas, y con sus deudos.

Cuestionada por el portal de noticias Quadratin, aseguró: “Desconocemos los motivos o las situaciones que llevaron a este lamentable hecho, no podemos nosotros tomar una postura porque no sabemos si haya cuestiones más allá de lo institucional como cuestiones personales o de otro tipo de situaciones” (https://bit.ly/2Ppkl0Y)

Y eso es, en palabras llanas, re victimizar, criminalizar, poner en entredicho la honorabilidad de los integrantes de la familia Domínguez, luego de que ya tampoco pueden defenderse.

Es insinuar, sin elementos ni pruebas, alguna presunta responsabilidad en lo que les pasó a don Aureliano, a Julio Emmanuel, y a Héctor Armando.

Ellos tres, de acuerdo a los datos disponibles, eran ciudadanos ejemplares.

Pero, aunque hubieran cometido algo indebido (cosa de la cual no existe el más mínimo indicio), no es justificación para no pedir por el esclarecimiento, y castigo a los responsables de hechos tan aberrantes.

Vergüenza, es quizá lo que debería sentir la citada Marianela.

Indigna, ella sí, de estar en el puesto que ostenta.