ADEMÁS, SE PLANTEA IMPONER LA DESTITUCIÓN DEL CARGO Y LA INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR CUALQUIER EMPLEO, CARGO O COMISIÓN PÚBLICA: DIP. CÉSAR ARTURO LARA ROCHA
Con el objetivo de fortalecer el combate a la corrupción y evitar espacios de impunidad en el servicio público, el diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa para reformar el artículo 316 del Código Penal del Estado, mediante la cual se plantea incrementar las sanciones para servidores públicos que intervengan en la comisión de delitos de corrupción.
La propuesta establece que, cuando en la comisión de un delito previsto en los capítulos I a III del título correspondiente intervenga un servidor público en ejercicio de sus funciones, con motivo de ellas o aprovechándose de su calidad, ya sea por acción u omisión, y facilite o coadyuve en su ejecución, la pena de prisión prevista para el delito respectivo se incremente en una mitad.
Además, se plantea imponer la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un periodo de tres a diez años.
El legislador señaló que, la reforma no representa únicamente una modificación técnica al marco jurídico, sino que busca establecer un mensaje de tolerancia cero frente a la corrupción y el uso indebido de las instituciones públicas.
Explicó que al precisar que la responsabilidad de los servidores públicos puede actualizarse cuando faciliten o coadyuven en la comisión de un delito, incluso mediante una omisión, se pretende brindar mayores herramientas a los juzgadores para determinar las sanciones correspondientes y proteger la integridad de la función pública.
Lara Rocha indicó que, la propuesta también busca atender posibles espacios de impunidad derivados de la participación pasiva o indirecta de servidores públicos, al considerar que quienes desempeñan una función pública tienen un deber de cuidado reforzado que debe cumplirse en todo momento.
Refirió que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece obligaciones para los Estados en materia de prevención y combate a este fenómeno, incluyendo medidas legislativas relacionadas con el abuso de funciones y el uso indebido de influencias.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, para su análisis y dictamen.
