La administración del presidente estadunidense, Joe Biden, tomó medidas este jueves contra los vacíos jurídicos que permiten a las personas vender armas sin la licencia de un distribuidor, lo que implicaría que se revisen los antecedentes de los compradores.
(La Jornada)
El Departamento de Justicia publicó normas más detalladas después de la aprobación en el Congreso en junio de 2022 de la Ley de Comunidades más Seguras, a raíz de la gran cantidad de tiroteos mortales -y masivos- a lo largo del país.
Las normas pretenden aclarar la definición de personas “implicadas en el comercio” de armas, exigir a los vendedores que adquieran una licencia y obligarlos así a comprobar los antecedentes penales y psicológicos de sus compradores.
También endurece las reglas aplicadas a coleccionistas que compran y venden armas, y a comercializadores fallidos que venden sus inventarios.
El objetivo, según el Departamento de Justicia, es obligar a los vendedores a revisar antecedentes de los posibles compradores en una base de datos nacional, para de esa manera impedir que delincuentes y otras personas no aptas o autorizadas obtengan armas.
Además, permitirá al gobierno rastrear mejor las armas registradas conforme cambian de dueño.
“Es simplemente sentido común, porque sabemos que la revisión de antecedentes es una de las mejores herramientas que tenemos para que las armas estén lejos de las manos de criminales”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre
“Esta administración respeta los derechos de los tenedores responsables de armas, al tiempo que cree que los estadunidenses tienen derecho a vivir libres de violencia armada. Esas dos cosas pueden existir”, añadió.
De acuerdo con la oenegé Gun Violence Archive, 44 mil 374 personas murieron por armas de fuego en Estados Unidos el año pasado.
