+ NINGÚN “ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD” PUEDE ESTAR POR ENCIMA DE LAS VIDAS HUMANAS

+ LA ONU REPORTÓ 506 MUERTES Y 1593 PERSONAS ENFERMAS POR LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO SANTIAGO EN JALISCO

Ocultar estudios científicos puede llevar a actos criminales por omisión, y ningún “acuerdo de confidencialidad” debía estar por encima de las vidas humanas de los ciudadanos.

Hoy la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), en voz de su rector Manuel Fermín Villar Rubio, argumenta que no dio a conocer (ni hizo nada por lo demás) estudios de contaminación del Río Santiago en los municipios jaliscienses de Ocotlán y El Salto por “un acuerdo de confidencialidad”.

La casa de estudios potosina fue la encargada en 2010 de realizar investigaciones donde se descubrió que dicho afluente transportaba partículas muy contaminantes que estaban provocando en los habitantes de las localidades citadas enfermedades como padecimientos neurológicos, cáncer, daños en la sangre y problemas renales.

De acuerdo a un informe del grupo de trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, el problema del citado río Santiago representa una “catástrofe ambiental” que “entre 2008 y 2014 registró 506 muertes y 1,593 personas enfermas de cáncer e insuficiencia renal” (https://bit.ly/3bgckWT)

Tuvieron que pasar nueve años para que esos estudios se hicieran públicos allá en Jalisco, y hoy el rector potosino se lava las manos con la sangre y el dolor de familias jaliscienses afectadas por el ocultamiento que en su momento hicieron los gobiernos de Jalisco con los resultados entregados por la UASLP.

Como si no fuera el titular de una institución pública de principios eminentemente humanistas y financiada con dinero del erario, sino de cualquiera empresa centavera, Villar Rubio afirma hoy que si las autoridades jaliscienses tomaron en cuenta o no el citado estudio fue “cuestión de ellos”.

Sin embargo, la información que estuvo en manos de la UASLP luego de la investigación de campo no fue cualquier cosa, pues reflejaba evidencias de que el agua del citado cauce llevaba materiales venenosos descargados por industrias contaminantes que descargaban ahí sus desperdicios.

Esa agua luego era usada por pobladores que después se vieron afectados. Sin embargo, la UASLP se hizo cómplice de la conducta negligente y criminal de los sucesivos gobiernos jaliscienses que ocultaron los datos de la universidad potosina porque así convenía a sus intereses.

Todo mundo entiende por sentido común que, aunque haya habido un acuerdo de confidencialidad, hay maneras de llamar la atención sobre una omisión que seguiría acarreando múltiples enfermedades y que costaría cientos de vidas humanas.

Alertar del riesgo y hacer algo bien pudo hacerse sin revelar datos o derechos intelectuales del estudio que pusieran a la Autónoma en riesgos de demanda; pero, aún a costa de ese riesgo debió hacerse, pues ¿acaso vale más el dinero que las vidas humanas?

Pero no se hizo nada, la Autónoma Potosina se limitó a hacer la talacha de la investigación y luego a guardar silencio, mientras el mal se incubaba en las familias de los poblados citados.

Si esa es la ética de universitarios que maneja la UASLP ante casos tan graves de contaminación, cabe preguntarse cuál es la responsabilidad y el nivel de conciencia para con la sociedad potosina, ¿aquí también son capaces de quedarse callados ante problemas graves por acuerdos “de confidencialidad” a que puedan llegar con empresas, gobiernos u otros entes?

Transcribimos a continuación un breve texto de María González Valencia, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDC), donde se da cuenta de la gravedad del problema.

RÍO SANTIAGO, UNA CATÁSTROFE AMBIENTAL SEGÚN EL INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

La imagen del río Santiago cubierto de espuma y el fuerte hedor de los gases y otros olores que se dispersan al caer el agua por la cascada de El Salto de Juanacatlán, causaron una gran impresión a los miembros del Grupo de Trabajo en su visita al río Santiago en el estado de Jalisco, denominando a este caso como una catástrofe ambiental.

El río Santiago, en Jalisco, el más contaminado de México recibe descargas de más de 300 industrias del corredor industrial Ocotlán-El Salto, uno de los corredores industriales más importantes del país.

Los principales giros de las industrias asentadas en el corredor son metal mecánica, metalurgia, química-farmacéutica, electrónica, automotriz, alimentos y bebidas.

El río también recibe descargas de aguas residuales domesticas de la parte sur de Área Metropolitana de Guadalajara. Estudios oficiales confirman las descargas toxicas en el río Santiago provenientes de empresas como Nestlé (Suiza-Alimentos y Bebidas), Sachs (Alemana-Automotriz), Hutsman (EU-Química), Genpro (Mexicana-Porcicola), Virbac (Francesa-Salud Animal), Kao (Japonesa –Química), Grupo Celanese (EU-química), Urrea (Mexicana-Metal Mecánica), entre otras.

Un estudio realizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) encontró en el río un total de 1.090 sustancias tóxicas, productos químicos y metales, de procedencia principalmente industrial.

Después de décadas de rezago y de la exigencia de un saneamiento integral de parte de las poblaciones afectadas, las autoridades mexicanas anunciaron la “solución total” para este problema a través de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Ahogado, qué solo trata las descargas de aguas residuales domésticas y no las aguas industriales.

Las afectaciones a la salud provocadas por la contaminación del río Santiago son alarmantes. De acuerdo con información recabada por la misma población afectada entre 2008 y 2014 se han registrado 506 muertes y 1,593 personas enfermas de cáncer e insuficiencia renal. El Grupo de Trabajo señaló que, a pesar de la evidente exposición a una contaminación industrial peligrosa, son las víctimas las que han de demostrar que su salud está siendo afectada.

Las autoridades de Jalisco argumentaron al Grupo de Trabajo que era competencia de las autoridades federales y municipales supervisar el cumplimiento de las normas ambientales.

En su informe el Grupo de Trabajo recomendó al Estado mexicano reforzar la supervisión y la evaluación de los efectos ambientales y sociales para evitar o mitigar las consecuencias negativas de las actividades empresariales en los derechos humanos.

Describe la limitada capacidad de las autoridades competentes para llevar a cabo inspecciones con objeto de controlar la contaminación ambiental causada por la actividad empresarial. Señalando que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) debe inspeccionar a 200, 000 empresas y solo cuenta con 300 inspectores en todo el país, además de que la inspección a las industrias se anuncia 24 horas antes, lo que podría dar tiempo a limpiar antes de la inspección.

¿Porque no se ha cumplido la regulación ambiental en el caso?

En el río Santiago las industrias son intocables y están protegidas por las autoridades, no existen sistemas de saneamiento de las aguas industriales, ni mecanismos para controlar y prevenir la contaminación del agua. Las normas ambientales son obsoletas, los límites máximos permitidos de descarga son muy bajos, por ejemplo, la NOM-001 solo regula 9 metales pesados.

Las industrias tiran lo que les da la gana, en las proporciones que les da la gana, es decir, no existe regulación ambiental y las poblaciones viven en una situación de alto riesgo donde el derecho a la vida está en juego.