A un día de que rinda su segundo informe de gobierno, el alcalde Xavier Nava Palacios recibió un duro revés de parte del visitador de la Fiscalía General del Estado, Juan Alberto Camarillo Zavala, al señalar que no ha podido sustentar las denuncias presentadas en contra de su antecesor Ricardo Gallardo Juárez.
Tras las críticas de Nava Palacios de que la FGE no daba resultados y era omisa, el visitador general refutó tales aseveraciones y señaló que el edil está mal informado o se basa en premisas falsas, en pocas palabras la síndica Alicia Nayelli Vázquez Martínez no ha hecho su trabajo.
La sindico a su vez es apoyada por los abogados Alejandro Zapata Perogordo, Gustavo Barrera y Jorge Chessal Palau, e incluso también interviene el ex abogado de Emilio Lozoya, Javier Cuello Trejo, y las denuncias han carecido de las pruebas necesarias que acrediten el quebranto y detrimento patrimonial de las arcas municipales de San Luis Potosí.
“Necesitamos el procedimiento administrativo de la Contraloría, para tener listo el quebranto patrimonial que es de donde nosotros pudiéramos partir, que efectivamente está constituido ese quebranto hacia el erario público; yo considero aquí que a lo mejor los asesores victimales, propiamente los síndicos, que están encargados de cada una de las denuncias, están mal informando al alcalde y ese es el motivo por el cual él señale que hay lentitud; quiero decir que a lo mejor por ello les están proporcionando otra información diversa o no precisa”.
“se les establece a ellos como víctimas pues cuentan con mucha información que nosotros no tenemos de primera mano y meramente para establecer este tipo de situaciones, pues es necesaria con el sistema de justicia actual. El asesor victimal debe de ser activo y no pasivo, entonces que significa esto, que ellos nos pueden aportar datos de prueba contundentes, y no dejarle toda la carga al Ministerio Público, eso ya es del pasado”.
Las omisiones se han cometido pero en el gobierno de Nava, no tienen un dictamen administrativo de la Contraloría Municipal o de la Auditoría Superior del Estado que defina verídicamente el monto líquido del supuesto daño ocasionado al erario público ocasionado por sus antecesores.
En una conferencia de prensa realizada afuera de la FGE, el visitador Camarillo Zavala precisó que la dependencia está abierta siempre y la información fluye, no hay amparaos presentados por las partes en contra de la institución y la sindicatura y sus “asesores victimales”, deben concretar los procedimientos administrativos para precisar el supuesto daño patrimonial para que la Fiscalía tenga los elementos necesarios para proceder, de lo contrario todo queda en meros dichos.
Mencionó que con la demostración del quebranto patrimonial, lo cual no se ha hecho por el ayuntamiento, se podría aportar información verídica y analizada, “si bien es cierto el procedimiento administrativo y el proceso penal, son autónomos e independientes, las pruebas que ellos nos pueden aportar serían contundentes para lograr un avance certero en cuanto a lo que es la reparación del daño”.
El funcionario defendió la labor de la FGE, es un trabajo apartidista, no se consideran razones políticas, apellidos ni clase social, ha habido en otros casos procesos en contra de ex alcaldes y ex diputados locales, cuando hay pruebas se procede.
