En sesión de trabajo, los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la expedición de la nueva Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y que deroga los artículos 142, 143, 144 y 145 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, informó el diputado Oscar Vera Fabregat, presidente de esta comisión legislativa.
Explicó que la propuesta, presentada por el diputado Manuel Barrera Guillén, busca homologar las disposiciones en materia de seguridad y prevención de delitos incorporados en el Programa Nacional, los cuales son: incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias; reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria; generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana; fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en el gobierno estatal y municipales; y, asegurar la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal para la implementación de programas de prevención social.
Esta nueva legislación busca establecer como organismos de coordinación de la prevención social de la violencia y la delincuencia en el estado, al Consejo Estatal de Seguridad Pública, al Secretariado Ejecutivo, al Centro Estatal, y a la Comisión Intersecretarial, señalándoles sus atribuciones, aéreas a las que dependen, su integración e inicios de operación, con el fin de darles certeza y seguridad jurídica en su organización y funcionamiento.
En la exposición de motivos de la iniciativa, se indica que el objetivo es atender el problema de la violencia y la delincuencia en el Estado, desde la perspectiva multidimensional, interinstitucional, focalizada y transversal, donde se involucren los sectores gubernamental, social, productivo y educativo, con fin de ir a las raíces que las generan, fijando estrategias acordes con la realidad que impera en cada región, sector y grupo poblacional.
La propuesta determina los principios rectores sobre los que se sujetará la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia en el estado e identificar los factores de riesgo, territorios y población de atención prioritaria como son los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres.
Vera Fabregat indicó que esta propuesta fue aprobada en sesión de Comisión de Puntos Constitucionales, por lo cual se emitirá el dictamen respectivo que será presentado en breve al pleno del Congreso del Estado para su votación.
