SE BUSCA REFORZAR EL BLINDAJE PRESUPUESTAL, CONTRIBUIR A UNA MEJOR PLANEACIÓN FINANCIERA Y BRINDAR CERTEZA A INSTITUCIONES, ACADÉMICOS Y ESTUDIANTES: DIP ROBERTO GARCÍA CASTILLO.
El diputado José Roberto García Castillo presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, así como de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, en materia de financiamiento a la educación pública superior.
La propuesta busca establecer que el monto anual que el Estado destine a la educación pública del tipo superior no podrá ser inferior, en términos reales, a lo aprobado en el ejercicio fiscal inmediato anterior, de conformidad con las disposiciones aplicables y en concurrencia con la Federación.
El objetivo de la propuesta es fortalecer de manera estructural y permanente el derecho a la educación superior en el Estado, mediante una reforma integral, armónica y progresiva, que incida tanto en la Constitución local, como en la legislación secundaria de la materia.
En su exposición de motivos, el diputado señala que la reforma planteada no solo refuerza el blindaje presupuestal, sino que contribuye a una mejor planeación financiera del sistema de educación superior, brindando certeza a las instituciones, a la comunidad académica y a las y los estudiantes, sin afectar la autonomía universitaria ni las facultades del Ejecutivo en materia de elaboración presupuestal.
El legislador señala que el blindaje presupuestal propuesto no elimina la facultad del Ejecutivo para formular el presupuesto ni impone asignaciones rígidas, sino que establece un piso mínimo de protección, coherente con el principio de progresividad y con la naturaleza estratégica de la educación superior.
El diputado José Roberto García asegura que con esta iniciativa, San Luis Potosí puede refrendar su compromiso con la educación pública superior como motor de desarrollo, justicia social y movilidad intergeneracional.
La propuesta fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y Hacienda del Estado para su estudio y dictamen.
