Cacique partidista, parásito legislativo, vividor de la política, Eugenio Govea Arcos ya es millonario a costa de los potosinos.

Tan solo en sueldos netos habrá acumulado más de 15 millones de pesos al terminar su cuarto trienio legislativo que inicia en septiembre de este año y termina en el 2024.

Un trabajador de salario mínimo tendría que trabajar 291 años para reunir la cantidad que el diputado percibe en apenas 12, pues mientras éste cobra por año un millón 254 mil pesos, al obrero apenas se le pagan 51 mil 465 pesos.

Pero, además, esa cantidad, que proviene de los injustificados sueldos que se proporcionan los legisladores locales, bien podría ser la entrada menor del coordinador estatal del Partido Movimiento Ciudadano (PMC).

Y es que Govea Arcos le persigue una enorme cola de corrupción desde que fue presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, donde fue denunciado en su momento por malos manejos financieros.

De él no puede decirse que lo anime ninguna convicción política: en 2008 traicionó al PAN al perder la candidatura frente a Alejandro Zapata.

En esa ocasión primero reconoció su derrota. Pero, luego, a los cinco días, se desdijo: se declaró senador independiente, y se fue sin vergüenza a apoyar al candidato del PRI Fernando Toranzo Fernández.

Hoy, como único regenteador del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) en San Luis Potosí, y como representante de ese organismo en la LXIII Legislatura, tiene manga ancha para todo tipo de negocios.

Manejo del presupuesto partidista, venta de candidaturas, pasando por los moches, y hasta los múltiples recursos que otorgan en el Congreso a los coordinadores de fracción legislativa, todo es manejado de manera discrecional y arbitraria por Govea, quien no le rinde cuentas a nadie.

Como Óscar Vera Fábregat en el Partido Conciencia Popular, como lo fue José Belmarez Herrera en el Partido del Trabajo, hoy el ex senador panista usa las siglas de ese partido para enriquecerse y seguirse promoviendo en la política.

Por lo pronto, ya se aseguró otros tres años más como representante de ese partido, seguirá de diputado en la proxima LXIII Legislatura.

Similar a lo que hizo en los otros tres periodos, esta vez tampoco compitió contra nadie, no se arriesgó a perder en los comicios del pasado 6 de junio, pues se aseguró para él la primera candidatura plurinominal.

Así, sin contar otras prebendas, estímulos y compensaciones que se otorgan, estará percibiendo un millón y cuarto de pesos cada año y durante el próximo trienio. A razón de 104 mil 500 pesos mensuales.

Aunque tiene una larga carrera en la política, y muchos años de legislador, su desempeño en el Congreso es tan gris, anodino, e inútil como casi el resto de sus compañeros.

Baste para comprobarlo la última valoración que obtuvo de parte de Congreso Calificado, donde no alcanzó ni un 2 de calificación. Por todo su desempeño en el último trimestre apenas se le otorgó un 1.75 puntos. No se atrevió, por supuesto, ni a presentar su Declaración 3 de 3.

Claro, el hecho de que sea un burro legislativo más no le impide estar cobrando como eminencia.

No haber competido en las elecciones pasadas por la vía uninominal, de mayoría relativa, aunado a este desastroso desempeño en el Congreso, deberían ser motivo suficiente para que no continuara como legislador.

Quizá su partido, el comentado Movimiento Ciudadano, debió también perder el registro estatal, como ocurrió con el PRD, sin embargo los votos obtenidos por el trabajo de candidatos y personajes como Marvelly Costanzo lo pudieron sacar a flote.

La ex candidata a gobernadora, quien no recibió apoyo de Govea Arcos al no ser del grupo de éste, ya manifestó sus deseos de competir por la dirigencia estatal del PMC. Falta ver si pueden terminar con el cacicazgo que mantiene el hoy reelecto diputado local.

Sea como fuere, le toca hoy a los potosinos seguir manteniendo con un millonario sueldo anual a este vividor de la política. Al menos hasta que el mencionado partido no tenga una buena sacudida y expulse lacras como estos pillos de la política potosina.

Son un lastre para el estado, y ¡cómo cuestan!