La diputada Martha Orta Rodríguez consideró necesario precisar que en materia de vivienda, parte de las obligaciones del Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos de San Luis Potosí, se deben enfocar en beneficiar de manera preferente a las personas de escasos recursos, así como a quienes forman parte de los grupos vulnerables, en específico a quienes cuentan con alguna discapacidad.
Por ello, la legisladora presentó una iniciativa de reforma a la fracción VII del artículo 3º de la Ley de Fomento a la Vivienda del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer el apoyo preferente a las acciones de vivienda para las familias de personas no asalariadas, y no beneficiarias de las instituciones públicas dedicadas a la vivienda, así como a personas de escasos recursos y personas con algún tipo de discapacidad; como parte de los lineamientos que el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos observarán, en el Plan Estatal de Desarrollo y en los planes municipales, como política en materia de vivienda.
En la exposición de motivos de la iniciativa presentada, se señala que parte de la política gubernamental en materia de vivienda es la de beneficiar a los habitantes que cuenten con carencias para el acceso a una vivienda y así cumplir con lo dispuesto en el artículo 4º constitucional en materia de reconocimiento del derecho humano a una vivienda digna.
Razón por la que es preciso que en materia de vivienda parte de las obligaciones se enfoquen en beneficiar de manera preferente a las personas de escasos recursos, así como a quienes forman parte de los grupos vulnerables, en específico a quienes cuentan con alguna discapacidad, porque sabemos que muchas de las veces se ven obligados a vivir en zonas riesgosas, construyendo sus hogares con residuos o sobrantes de algunos materiales, y sobretodo que al no contar con algún apoyo gubernamental se ven obligados a asentarse de manera ilegal en predios que no son de su propiedad pero que aparentemente están abandonados, propiciando con ello un problema severo en materia de propiedad.
Por ello resulta pertinente que se establezca de manera clara esta obligación, a efecto de que se beneficie a quienes en realidad requieren el apoyo gubernamental en materia de vivienda, porque actualmente la ley establece que se apoyará de manera preferente a los no asalariados o no beneficiarios de programas, sin embargo los supuestos planteados no necesariamente se ajustan a la realidad ya que sabemos que muchas veces personas que son asalariadas reciben muy pocos recursos y tienen una familia que mantener razón por la que, no obstante que cuenten con un trabajo, debido a problemas económicos, inflación u otros aspectos no pueden salir adelante incluso perdiendo muchas veces sus hogares; sostiene la iniciativa.
La iniciativa de la diputada Orta Rodríguez, se turnó a las comisiones de Desarrollo Territorial Sustentable y Derechos Humanos, Igualdad y Género para su análisis correspondiente.
