jueves, 27 de enero de 2022

San Luis Potosí, México

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Autoridades deberán apoyar en Protocolo para Atender Violencia Política contra las Mujeres

A fin de capacitar e implementar una estrategia para difundir el “Protocolo para Atender la Violencia Política en Contra de las Mujeres” y diseñar un diagrama de actuación ante casos de violencia política de género en el estado de San Luis, el pleno del Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo propuesto de la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas para exhortar a diversas autoridades a apoyar este fin.

Este Punto de Acuerdo va dirigido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Instituto Nacional Electoral (INE), Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

En su exposición de motivos, la diputada Esther Angélica Martínez manifiesta que ante el inicio del proceso electoral en San Luis Potosí, es urgente que las autoridades locales cuenten con información suficiente acerca del “Protocolo para atender la violencia política en contra de las mujeres”, el cual contiene las acciones urgentes frente a casos de violencia política contra las mujeres, con el fin de prevenir y evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas.

“De acuerdo con el artículo 46° y 284° de la Ley Electoral, el proceso electoral comienza formalmente durante la primer semana del mes de septiembre por lo que no solo es necesario, si no urgente el diseño de estrategias eficaces para que este fenómeno social no se repita y las mujeres potosinas podamos transitar plenas y libres de violencia por la vida política y el ejercicio de nuestros derechos político-electorales”.

Agrega que en el mismo documento se indica a las autoridades que deberán adoptar, mínimamente, las acciones que el protocolo señala, incluso propone un diagrama de actuación en casos de violencia política de género; “sin embargo, las autoridades en el nivel local aun no cuentan con la información, capacitación y no se ha diseñado un diagrama de actuación ante casos de violencia política de género en los estados lo cual podría complicar su efectiva aplicación”.

Manifiesta que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

Recalca que a pesar de la implementación de medidas afirmativas a favor de las mujeres, las reformas electorales, y la interpretación judicial, aún persisten cuestiones estructurales, como la violencia política, que obstaculiza el ejercicio de dichos derechos y que constituyen un reflejo de la discriminación y de los estereotipos.

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