Con esta entrega iniciamos una nueva sección sobre la criminalidad en la historia de San Luis Potosí, para exponer la serie de delitos que se cometían en los siglos pasados y el sistema de justicia que se aplicaba a los delincuentes, con los que no se tenían miramientos ni la esperanza de la readaptación, sobre todo con los que cometían asaltos en despoblado y homicidios a mansalva, los cuales terminaban sus vidas en el paredón, la ejecución era por ahorcamiento o fusilamiento, era la pena que se imponía con más frecuencia en estos casos.
A manera de advertencia para el populacho, las ejecuciones eran públicas, en la Plaza de Armas o en la plazuela de San Juan de Dios había un patíbulo; luego se hicieron casi privadas en el interior de la Penitenciaría del Estado de la avenida Juárez. Más atrás, en la época virreinal las sentencias de muerte, además de la horca, se cumplían a garrote limpio o en el conocido como el “potro de los tormentos”.
La criminalidad en el estado potosino
Corría el año de 1897 cuando el periódico de “El Día”, de la capital del país publicó que en San Luis Potosí había veinticinco condenados a la pena máxima y que la criminalidad en el estado había desbordado a las autoridades.
La noticia causó el enojo del gobierno y algunos periódicos locales se dedicaron a desmentir al colega capitalino, el cual fue criticado y vilipendiado: se le tachó de falsario, enemigo del orden, estridente e innoble.
Se aclaró que no eran veinticinco los que estaban en espera de ser ejecutados, sino nada más cinco de acuerdo a lo informado por el Tribunal de Justicia; había otros cinco procesados en espera de la misma sentencia fatal, aunque se insistió que las ejecuciones por lo pronto estaban suspendidas. Se alabó al gobierno porque había puesto todo su empeño “por poner un dique a la desmoralización del pueblo persiguiendo con laudable tenacidad a los delincuentes, pues digno es de notarse que ningún crimen [que] se ha cometido en el Estado, cuyos autores no hayan sido aprehendidos inmediatamente”, publicó el periódico potosino “Las Novedades” en marzo de 1897.
Se explicó que si la población del estado era de 571 mil 420 habitantes, “¿es posible que no cuente entre ellos algunos delincuentes? La cifra de 25 sentenciados que el colega ha asignado, no es, relativamente tan enorme como parece, dada la población de nuestro Estado. Todos desearíamos que en ninguna parte se cometieran crímenes; pero esto es imposible: y sí en San Luis se encuentran diez sentenciados a muerte, basta comparar la cifra de los existentes en otros Estados y las poblaciones de los mismos para rectificar la opinión que se tenga sobre el aumento de la criminalidad e nuestra entidad federativa”.
Pero para el mes de agosto del mismo año se levantó la suspensión de las ejecuciones y fueron fusilados los reos de homicidio Desiderio Alemán y Margarito Pitones, a quienes su defensa agotó los recursos para evitarles la pena máxima. Los siguientes meses continuarían las ejecuciones, la sociedad potosina se estremecía ante esos drásticos sucesos, pero se consideraba que no había otro castigo más ejemplar que ese, no se acababa con la delincuencia pero al menos se reducía la cantidad de criminales y se intentaba inhibir así a quien pretendiera seguir los malos pasos que a nada bueno conducían. Faltaban muchos años por transcurrir para que el derecho penal se humanizara y se desarrollara la teoría de la readaptación social que en la actualidad son muy cuestionados sus resultados.
