+ LA LEY ESTABLECE UN ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE 10 AÑOS PARA LAS UNIDADES, O LA REVOCACIÓN DEL PERMISO

Juan Ramiro Robledo López, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), prepara la autorización del aumento a la tarifa del transporte urbano, con los mismos camiones viejos y el mal servicio que vienen ofreciendo los empresarios del transporte desde hace muchos años.

Todo indica que las medidas de seguridad, las mejoras en la calidad del servicio, y otros lineamientos, como el evitar el sobrecupo, seguirán pendientes.

Por lo pronto, los destartalados y contaminantes camiones que circulan por la zona conurbada de la ciudad seguirán en uso, de acuerdo a declaraciones del líder camionero Margarito Terán, quien puso de excusa que los dueños de tales medios de transporte no cuentan con dinero para renovar sus flotillas.

Eso último a pesar de que la Ley de Transporte Público del Estado señala con precisión: “Los autobuses tendrán una antigüedad máxima de 10 años” (artículo 67, inciso a, de la fracción II).

E incluso el artículo 110, último párrafo, se especifica que en el caso de la existencia de tales unidades anacrónicas los permisionarios contarán con tres meses “improrrogables” para la sustitución del vehículo, de lo contrario, y concluido el plazo referido, la Secretaría de Comunicaciones podrá iniciar “el procedimiento de revocación de la concesión, o cancelación del permiso, según sea el caso”.

Además, en el mismo ordenamiento se prevé la constitución de fideicomisos para la adquisición de unidades nuevas, de acuerdo a la fracción XIII del Artículo 81, lo cual vuelve aún más inviable un probable aumento al precio del boleto.

Otras disposiciones tampoco se cumplen, como son las referentes al conductor, que debe estar uniformado, dar un trato amable, y llenar requisitos de escolaridad, edad, y preparación; además de portar un gafete con la identificación; todos estos, requisitos que no se observan en muchas de las líneas de transporte.

Mientras tanto, organizaciones civiles ya mostraron su inconformidad, argumentando que la ley especifica que el incremento a la tarifa debe estar condicionado a que se cumplan con los estándares de calidad establecidos, lo cual no ha sucedido.

Ciudadanos Observando, una de tales organizaciones opositoras al aumento, inició una campaña en redes donde señala: “La ley es para respetarse y si los permisionarios no cumplieron los compromisos establecidos con claridad el aumento no procede #AsíDeFácil”.

A ese respecto, el artículo 94 de la mencionada Ley de Transporte es claro: “La Secretaría autorizará los incrementos a las tarifas, siempre y cuando cada modalidad haya cumplido con los principios rectores y estándares de calidad establecidos en los artículos 2, 67, y 68 de la presente Ley”.

El artículo 2, por ejemplo, exige para que se pueda dar tal aumento el cumplimiento de cinco principios rectores, los cuales tampoco se están acatando en su mayoría: I. Movilidad sustentable, II. Eficiencia de gestión, III. Calidad del servicio, IV. Formación del elemento humano con perspectiva de género.

Y aun cuando se hubiesen cumplido tales condicionantes, el incremento sería anual, y tan solo “a razón del Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulado en el año inmediato anterior que resulte, de acuerdo a la publicación que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía –INEGI-, en el Diario Oficial de la Federación”.

O sea, no se prevé aumento de tarifa mayor, aunque se diera el caso (que no lo es) de que se cumpliera con las señaladas mejoras en el servicio.

Sin embargo, en algunos medios, los empresarios del transporte quieren hacer ver como una concesión de su parte el aceptar el incremento. “Acatarán los camioneros el ajuste inflacionario. Aunque aumentos al diésel estén tres veces por encima del INPC”, dice una de tales notas informativas.

Donde no se espera mucho compromiso de oposición a tal ajuste tarifario al alza, es en el Congreso del Estado, donde la diputada titular de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, la morenista Alejandra Valdez, ya en el pasado reciente ha apoyado al citado Juan Ramiro Robledo López, incluso en casos tan graves como la golpiza que inspectores de la SCT propinaron a un ciudadano.