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Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la tortura de dos hermanos cometida en octubre de 2013 por elementos adscritos a la 12 Zona Militar de San Luis Potosí, y a la Procuraduría General de la República (PGR) por la inacción durante 20 meses para investigar las denuncias presentadas.

En la recomendación 37/2016, dirigida a los titulares de la Sedena, Salvador Cienfuego, y de la PGR, Arely Gómez, el organismo nacional señala que en estos actos fueron vulnerados los derechos de seguridad jurídica, procuración de justicia, y la integridad física por actos constitutivos de tortura.

De acuerdo a las declaraciones de uno de los agraviados, la noche del 27 de octubre de 2013, elementos militares brincaron la barda de su domicilio, sacando a ambos hermanos al exterior de la misma donde fueron golpeados, amenazados y torturados por los mismos elementos.

Además, relata que dos días después de estos hechos, uno de los militares que irrumpieron en su domicilio, al verlos nuevamente los interceptó, atemorizando a uno de ellos con volverlo a lastimar físicamente si no accedía a entregarle un vehículo y un terreno.

Y aunque se presentó la denuncia correspondiente, los agentes del Ministerio Público Federal omitieron impulsar durante 20 meses la integración de la averiguación previa por la presunta comisión de delitos de abuso de autoridad, allanamiento, lesiones y tortura, con lo que violaron el derecho humano de acceso a la procuración de justicia de los agraviados.

Tras concluir el análisis del expediente, la CNDH encontró evidencias que confirman que los militares transgredieron los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, a la seguridad jurídica e integridad personal contra los agraviados, y constató que servidores públicos a la delegación de la PGR en San Luis Potosí, encargados de las investigaciones correspondientes, no tuvieron justificación alguna para dejar de actuar durante un período de 20 meses y dejar de reconocer a los agraviados como víctimas.

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