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La diputada Limbania Martel Espinosa presentó la iniciativa de nueva Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí, con ello, se busca contar con una legislación estatal armonizada a las disposiciones federales en la materia, con el objetivo de establecer mecanismos para la erradicación de la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En su exposición de motivos, la legisladora manifiesta que a nivel internacional se han realizado diversos trabajos que han dado por resultado instrumentos legales como la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 9 de diciembre de 1975, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre otros.






Añade que “a nivel nacional, se han plasmado diversos planteamientos que rebasan la legislación local, razón por la que resulta pertinente llevar a cabo armonización para que se cuente en la entidad con legislación atenta a la realidad normativa a nivel nacional e internacional, para fortalecer la legislación en torno al combate de prácticas que promuevan la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Agrega que esta nueva legislación estará en concordancia a lo dispuesto en el artículo 1º de nuestra Carta Fundamental, así como al apartado dogmático de la misma, en torno a la protección de los derechos humanos pues es obligación de toda autoridad la protección y tutela de los derechos humanos, por lo que ante todo se debe privilegiar la dignidad e integridad de las personas.

La legislación establece las medidas para la prevención de la tortura, y establece las sanciones a que haya lugar, y la atención que se debe brindar a las víctimas, respetando el derecho de las personas a no ser revictimizada.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia; y Derechos Humanos, Igualdad y Género.





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