CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Héctor Astudillo Flores aseguró que resolvió “a billetazos” el caso de los siete periodistas que fueron atracados por un grupo armado en mayo pasado, en las inmediaciones del municipio de Acapetlahuaya, en la convulsionada zona norte de la entidad.

La directora de Comunicación Social del gobierno estatal, Erika Lührs Cortés, reveló que los reporteros agredidos elaboraron una carta dirigida al mandatario por concepto de “ayuda”, donde incluyeron el costo del material y equipo que les fue robado.

La funcionaria estatal señaló durante una reunión con reporteros, que en días pasados las víctimas recibieron un promedio de 150 mil pesos en efectivo y transacciones bancarias que sumaron un total de 700 mil pesos, que se incluyeron en una partida que maneja de manera discrecional denominada “apoyo gubernamental”, indicaron fuentes oficiales consultadas por Apro.

La entrega de la dádiva se concretó- indicaron las fuentes- durante reuniones privadas donde estuvo el gobernador Astudillo, quien se asumió como “benefactor” con recursos públicos, y se evitó difundir públicamente este hecho que refleja la opacidad y el perfil corruptor de la administración estatal que maneja el presupuesto de forma discrecional y utiliza la publicidad oficial como mecanismo de cooptación y censura sutil.

Ello, debido a que el gobierno de Astudillo no ha informado de qué partida usaron recursos para “apoyar” a los reporteros agredidos y se ha negado a reconocer públicamente el concepto legal de reparación integral del daño provocado por la ausencia de autoridad en regiones donde la delincuencia controla territorios completos como el caso de la zona Norte y las regiones Tierra Caliente, Costa Grande y Centro.

Al menos dos periodistas, Jair Cabrera, colaborador de La Jornada y Hans Musielik, de Vice, rechazaron “el apoyo” económico que ofreció Astudillo, a través de su jefa de prensa, quien a su vez se encargó de divulgar públicamente que el gobierno estatal resolvió “a billetazos” el caso del atentado contra los periodistas registrado hace tres meses.

El resto de los reporteros beneficiados decidieron recibir el dinero y hacer mutis por órdenes del gobierno de Astudillo, mientras colectivos de trabajadores de los medios a nivel global y organismos no gubernamentales se han sumado a la exigencia de justicia por este caso y otros crímenes contra periodistas que siguen impunes y representan un atentado a la Libertad de Expresión.

De esta forma, las autoridades de Guerrero dieron por terminado el conflicto, a pesar de que el delito aún no ha sido esclarecido y existen al menos tres denuncias ante la Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la Procuraduría General de la República (PGR).

En mayo pasado, un grupo de siete periodistas fueron interceptados, retenidos y despojados de su equipo de trabajo, dinero en efectivo y una camioneta por una turba armada que mantenía bloqueada la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, a la altura del municipio de Acapetlahuaya, donde a unos metros se encontraba un retén militar.

Los comunicadores regresaban a bordo de dos camionetas a la capital de la entidad luego de cubrir los bloqueos en siete municipios de los nueve que conforman la región de Tierra Caliente, tras una fallida operación policiaco-militar ordenada por el gobernador Héctor Astudillo Flores para tratar de apaciguar esta zona donde la brutal confrontación entre bandas criminales ha exhibido nexos de autoridades de los tres niveles y el Ejército con el narco.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, un centenar de sujetos, en su mayoría encapuchados y portando armas que mantenían bloqueada la carretera con troncos y autos, retuvieron durante 15 minutos a los comunicadores, les robaron cámaras y equipo de cómputo, así como una de las dos camionetas donde se trasladaban.

Luego de que fueron asaltados y amenazados de muerte, los reporteros se retiraron a bordo de la unidad que les dejaron los criminales y un kilómetro más adelante, encontraron un retén del Ejército.

Este no es el primer caso donde el gobierno de Astudillo entrega dinero a las víctimas como mecanismo para solucionar conflictos que exhiben el vacío de autoridad que persiste en la entidad.

En septiembre pasado, el gobierno estatal pagó el rescate de una decena de trabajadores de la mina Beneficiadora de Minerales Temixco, propiedad del empresario argentino de negro historial, Carlos Ahumada Kurtz y asentada en los límites de los municipios de Arcelia y San Miguel Totolapan.

Las víctimas fueron plagiadas en ese entonces por la banda de El Tequilero que dirige el diputado local priista Saúl Beltrán Orozco y su brazo armado Raybel Jacobo de Almonte, ambos considerados como prófugos, señaló el fiscal en l entidad, Xavier Olea Peláez.