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Estados Unidos es el país con más prisioneros en el mundo. En la última década ha encarcelado a una proporción más grande de su población que en cualquier otro momento de su historia. También es la nación con la mayor infraestructura de detención de inmigrantes del planeta: cada año pone tras las rejas a entre 380,000 y 442,000 migrantes, incluyendo residentes permanentes, desplazados solicitando refugio y víctimas del tráfico de personas

a persecución por crímenes de migración superó por primera vez la de crímenes relacionados con drogas en 2004 y se ha mantenido en esa posición: en 2012 los delitos de inmigración representaron el 49.9% del total de arrestos federales, según cifras del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El gobierno más poderoso del mundo ha hecho de los inmigrantes el blanco prioritario de sus fuerzas punitivas, y su nuevo líder, Donald Trump, tiene la intención de aumentar el número de cautivos.

Estos planes, ya en marcha, proveerán de presos a una amplia red de lucrativas cárceles privadas que ya empezaron a percibir ganancias: desde el triunfo electoral de Trump, las dos compañías carcelarias más grandes del país, Geo Group y CoreCivic, han visto crecer el valor de sus acciones en 80 y 120 por ciento respectivamente.3 Actualmente, estos dos corporativos son los principales proveedores de servicios de detención para las tres agencias involucradas en la regulación migratoria: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos. Más de dos terceras partes de los inmigrantes detenidos se encuentran en este tipo de prisiones, que no son supervisadas por ninguna institución independiente y que no cumplen con los estándares oficiales del ICE, donde los internos no reciben la atención médica y legal estipulada, y donde sufren abusos de autoridad, golpizas, violaciones, tortura y confinamiento.

De Obama a Trump

Las políticas implementadas hasta ahora por Trump siguen cierta continuidad con administraciones anteriores (las recientes redadas de captura y deportación de inmigrantes fueron más pequeñas que otras llevadas a cabo durante la administración de Obama, campeón de la deportación de latinos). Pero hay algunas diferencias que, valga la redundancia, hacen la diferencia en cuanto a política migratoria.

La administración de Obama priorizaba la captura y deportación de inmigrantes indocumentados que hubieran incurrido en crímenes graves, especialmente violentos. Las órdenes ejecutivas de Trump han ampliado el espectro hacia aquellos con antecedentes delictivos de bajo nivel y no-violentos, e incluso aquellos que, no habiendo cometido ningún crimen, han incurrido en alguna falta o incumplimiento. Además, estas órdenes permiten a los agentes migratorios arrestar a cualquiera que, a su juicio, ponga en peligro la seguridad pública o nacional. Con esta ampliación desmedida del crimen migratorio, inicia un periodo no ya únicamente de deportaciones, sino también de encarcelamientos masivos, pues los detenidos, considerados criminales, pasan una temporada tras las rejas antes de ser trasladados (usualmente menos de seis meses, pero hay casos en que la detención rebasa los cinco años).

Hay otro aspecto donde el rumbo ha cambiado radicalmente. En agosto de 2016 se inició un proceso para la eliminación gradual de los contratos entre el Departamento Federal de Prisiones y las cárceles privadas con el fin de desaparecerlas del sistema penitenciario federal. La decisión se basó, en parte, en la pobre calidad de los servicios y condiciones de las cárceles lucrativas, pero también en la reducción de la población carcelaria gracias a la revisión de pautas de sentencia y otras reformas en el sistema penal y penitenciario. A partir de 2010, y por primera vez en más de 30 años, el número de presos en Estados Unidos comenzó a descender de manera sostenida (en 2013 hubo un leve aumento que no modificó la tendencia del periodo).

Pues bien, el 23 de febrero de este año el Departamento de Justicia anunció que dará marcha atrás al plan de Obama para eliminar las prisiones privadas del sistema penitenciario. No parece coincidencia: tanto CoreCivic como Geo Group contribuyeron monetariamente a la campaña de Trump.7 Así que el negocio de las cárceles seguirá floreciendo y las celdas que se habían ido vaciando volverán a llenarse de cautivos, como los bolsillos de sus propietarios de dólares.

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