+ EL ASESINATO CONTRA EL JOVEN MP JESUS SERRALDE INDIGNÓ A TODA LA COMUNIDAD
+ DENUNCIAN VIOLACIÓN DE D.H. DEL DIRECTOR DEL PENAL
Vicente Rosa Serrano, presidente de la Asociación Potosina de Abogados (APA), expresó a nombre del gremio su “malestar e indignación” por los hechos de violencia que se viven en el estado, y que ayer arrebataron la vida del joven agente del Ministerio Público Jesús Raúl Serralde Hernández, de 28 años de edad, quien en agosto cumpliría un año como agente del MP en la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí (PGJSLP).
La exigencia al gobernador para que cumpla con su responsabilidad y de seguridad a los abogados y a todos los potosinos en general, la hizo Rosa Serrano extensiva también para el secretario de seguridad pública, el general Arturo Gutiérrez García, quien ha sido muy cuestionado por su desempeño al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE); esto desde que llegó a este gobierno de Juan Manuel Carreras con un equipo de colaboradores del vecino estado de Tamaulipas.
“Solicitamos al Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado; al Gral. Arturo Gutierrez, Secretario de Seguridad Estatal y a los directores de seguridad Pública Municipal de los 58 municipios, se sirvan brindarnos a la brevedad posible la seguridad a que tenemos derecho todos los Potosinos”, expresó en un pronunciamiento por escrito el representante de los litigantes.
Además, lanzaron un llamado a la Policía Ministerial del Estado (PME), a cargo de José Guadalupe Castillo Celestino, para que se resuelvan un sinnúmero de expedientes graves (“ejecuciones”, feminicidios, asaltos, “levantones”) que se han venido incrementando en los últimos meses en todo el territorio potosino; viéndose también dentro de los mismos un agravamiento de algunos casos, como el de las mujeres y hombres asesinados, cuyos cuerpos han sido desmembrados y tirados en la vía pública o dejados a las puertas de la PME.
Por otro lado, la Asociación Potosina de Abogados, presidida por el citado Vicente Rosa, también pidió la “intervención” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a cargo de Jorge Andrés López Espinosa, “ante las revisiones que se realizan físicamente a los abogados por instrucciones del director del Centro de Reinserción Social.
Detallan sobre el particular que tal práctica “se realiza con violación a los Derechos Humanos”, además de “atentar contra la integridad y la moral” al “discriminar” a estas personas que son “cacheadas”.
